Aprobada la primera alianza público-privada – Prensa Libre
El primer proyecto de la ley de alianzas para el desarrollo de infraestructura económica fue aprobado la semana pasada, el Decreto 18-2021, proyecto de rehabilitación, operación, mantenimiento y obras complementarias de la carretera Escuintla-Puerto Quetzal. Lo primero que hay que entender es que no se trata de privatización, como han expresado algunos en las redes sociales. Muy fácil de verificar: la propiedad de la carretera es y seguirá siendo del Estado. Por eso es simplemente una asociación público-privada (APP), como existe en muchas partes del mundo.
Una APP, según el Banco Mundial, es «un acuerdo de objetivos compartidos entre el sector público y una empresa o grupo de empresas para brindar, complementar o brindar servicios o bienes que el estado normalmente brinda o brinda». Existen APP para diferentes áreas que van desde la infraestructura, el suministro de energía, la gestión de residuos, el agua y la conectividad digital, hasta la salud o la educación. En Guatemala, por el momento, la ley prohíbe las APP en las áreas de agua, educación y salud, lo que ha provocado un retraso y mala calidad en muchos de estos servicios. Este debería ser uno de los primeros cambios en la propia ley.
El contrato aprobado la semana pasada por 25 años incluye la rehabilitación, operación y mantenimiento de 41 km por vía y más de 20 nuevos km de incorporación, adelantamientos, paradas de autobús e interconexiones que permitirán contar con uno de los tramos de carretera modernos y avanzados más largos. en Centroamérica. Después de este período, la carretera vuelve al Estado, por lo que nunca pierde la propiedad.
La carretera no solo será una gran mejora para la zona de Escuintla, por el valor agregado que generará para las propiedades y capacidad logística que se desarrollará, sino que también le dará a todo el corredor sur de la Ciudad de Guatemala la oportunidad de maximizar su capacidad. potencial, como ciudad portuaria capaz de atraer parques industriales, incrementar el turismo de alta calidad y aprovechar el cañón que el proyecto otorga a los municipios, para su desarrollo social.
Los beneficios incluyen una inversión estimada de US $ 80 millones que el Estado guatemalteco ahorrará y podrá invertir en desarrollo social, además de un cañón que recibirán las comunidades y el gobierno por Q 1.110 millones.
La autopista estará operativa en menos de dos años, según señalaron los representantes de Convía, la empresa ganadora del concurso. Este proceso, que no solo fue transparente, eficiente, con mucha comunicación desde diciembre de 2015 cuando el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructuras y Vivienda solicitó que se trabajara la carretera en PPP, es el primer proyecto con este modelo.
Se estima que esta autopista puede generar alrededor de 1.700 puestos de trabajo directos e indirectos durante la fase de construcción y unos 800 durante la fase de explotación. Cada municipio vecino recibirá un flujo de recursos que le permitirá contar con mejores servicios para desarrollar proyectos a favor de las comunidades y, así, mejorar la calidad de vida de la población.
Es claro que al elevar la vía al nivel de la carretera, también se delimitan indicadores clave de desempeño, beneficiando a la población viajera con un importante ahorro de tiempo, reduciendo el costo de depreciación y mantenimiento de los vehículos. mayor seguridad. , lo que sin duda reducirá la siniestralidad por óptimas condiciones de servicio.