El mayor desastre lo provoca la ignorancia - Prensa Libre

Dos años sin nombramiento del Poder Judicial – Prensa Libre

En ocasiones he compartido mi convicción de que las normas de la Constitución que rigen el mecanismo de nombramiento y elección de los jueces del Poder Judicial han dado lugar a las consecuencias que cabría esperar.

Evidentemente, cada uno de los órganos jurisdiccionales que integran el Poder Judicial ejerce el poder. En el marco de sus competencias, pueden decidir, entre otras cosas, si un funcionario público procesado por un caso de corrupción es detenido durante la duración del proceso penal o regresa a casa con una medida alternativa. Pueden condenarlo o absolverlo, pueden fijar la pena mínima o máxima y una larga etcétera, y lo mismo respecto de los particulares que estén implicados en los actos antes mencionados.

Además, algunas de estas jurisdicciones tienen conocimiento de contratos gubernamentales impugnados, concesiones y contratos administrativos impugnados, violaciones de las leyes fiscales y otorgan o niegan protección en asuntos de cuentas, elecciones, validez de actos gubernamentales y una serie de otras cosas.

Por lo tanto, es evidente que existen poderosos incentivos para tener la tentación de influir en el nombramiento y elección de dichos magistrados. Si alguien que estuviera en riesgo de ser encarcelado por uno de estos tribunales tuviera la oportunidad de controlar ese riesgo, lo haría.

Por supuesto, cada persona tiene un nivel diferente de escrúpulos morales y éticos y, por tanto, con la capacidad de incidir en el proceso de nombramiento judicial, no todos mantendrán los formularios y no todos llegarán tan lejos. Pero “la media”, por así decirlo, actuará y tomará todas las medidas posibles para intentar cubrir los riesgos de los que estamos hablando aquí.

Y, como he observado en las últimas tres décadas, poco a poco se han ido descubriendo diferentes medidas o mecanismos para incidir en los resultados de los procesos de nombramiento y elección de magistrados judiciales. Inicialmente se buscaba, por ejemplo, tener una reunión con alguno de los decanos de las facultades de derecho que son miembros de la Comisión de Nombramientos, pero, con el tiempo, parece que algunas facultades de derecho se han organizado, en parte, al menos , con este objetivo estratégico. Lo cierto es que, incluso antes de que se estableciera el régimen actual, durante dos o tres décadas había cuatro facultades de derecho en el país, pero desde la reforma de 1993 en esta parte su número casi se ha triplicado.

Los procesos dentro de las asambleas de magistrados y del Colegio de Abogados para nominar a sus respectivos candidatos son verdaderas luchas partidistas. Hay facciones que chocan con vasos comunicantes con partidos políticos y grupos de interés, y en realidad los méritos de muchos de los candidatos pasan a un segundo plano. La pregunta clave es con quién cada cinco años.

Entonces, insisto, las reglas actuales han llevado a una situación insostenible. Mientras tanto, ¿qué nivel de inversión puede esperar un país de sus propios inversionistas o de extranjeros cuyas instituciones ni siquiera pueden elegir a sus autoridades judiciales? ¿Qué mensaje de seguridad jurídica puede ser este? Por lo tanto, a menos que se reforman las normas constitucionales que rigen todo este tema para permitir el nombramiento de magistrados verdaderamente independientes, las cosas no van a cambiar.


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