El doble aislamiento de Daniel Ortega
La farsa electoral del 7 de noviembre tuvo entre sus raros resultados reales un mayor y justificado aislamiento de la dictadura nicaragüense. Muchas democracias, incluida Costa Rica, la han condenado e ignorado su legitimidad. Estados Unidos y la Unión Europea han impuesto o sanciones reforzadas a varios representantes de la cúpula reinante. Cinco días después, la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), por abrumadora mayoría, aprobó una resolución que rechazó el resultado e instruyó a su secretaría general para evaluar la situación en el país antes del 30 de noviembre. Lo que seguirá queda por ver.
Daniel Ortega, lejos de buscar formas, incluso cosméticas, que envíen un mensaje positivo a su pueblo y a la comunidad internacional, ha optado deliberadamente por incrementar su condición de paria internacional. A esto responde su decisión de dejar la OEA, que su ministro de Relaciones Exteriores, Denis Moncada, calificó de “instrumento de injerencia e intervención”. Es un proceso que, según la Carta de la organización, llevará dos años, pero ya ha comenzado y aumentará la insularidad del régimen y, lamentablemente, también del pueblo.
Sin duda, la dictadura quiere que la dejen prácticamente sola para hacer su trabajo sin responsabilizarse. Solo cuenta con la dudosa compañía, como aliados, de Cuba, Venezuela, Rusia e Irán, a lo que se suma, nuevamente, la posibilidad de acceder a créditos de organismos financieros multilaterales. Pero esto último podría verse obstaculizado muy pronto.
La salida de la OEA fue orquestada aproximadamente para parecer (¿a quién?) El producto de un consenso nacional. El 17 de este mes, la Asamblea Nacional, dominada por el partido gobernante, aprobó una resolución en la que se pide al ejecutivo que actúe. A la solicitud se unieron, en una alineación típica estalinista, la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Electoral, también apéndices de la familia reinante. El día 19, Moncada, mediante carta dirigida a su secretario general, comunicó la decisión, que también fue anunciada desde una plataforma en Managua.
Esta puesta en escena coincidió con otro hecho que puede explicarlo en parte: el martes 23, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró «indignante» a Nicaragua por negarse a cumplir con las medidas provisionales de protección de 21 presos políticos, incluidos siete candidatos presidenciales tomados por este tribunal. , con sede en San José.
En su resolución, la Corte califica la violación como un acto «contrario al principio internacional que impone al Estado el deber de cumplir de buena fe con sus obligaciones convencionales, así como una violación a la obligación de informar» de esta jurisdicción. Además, anunció que someterá este acto inédito a la OEA, que probablemente conllevará algún tipo de sanciones.
Cuando un régimen, cualquiera que sea su naturaleza, decide, como una de sus líneas políticas, marginarse de otros países y organizaciones, implícitamente declara no solo su desprecio por el derecho internacional y otras normas universales de la sociedad. Conducta, siempre una fuente para modular su comportamiento, sino también por su propia gente.
Las posiciones de “intimidación”, disfrazadas de dignidad, nunca reemplazarán la necesidad de gobernar bien, respetar los derechos y libertades y rendir cuentas a los ciudadanos. Esta es una razón más para que la OEA y el sistema interamericano en su conjunto redoblen su interés por la trágica situación en Nicaragua, tomen medidas drásticas de acuerdo con las disposiciones de la Carta Democrática Interamericana y apoyen tanto Como sea posible los sectores que, sumergidos en la represión y enormes limitaciones, siguen luchando por la libertad.