Un grupo de transportistas amenazó ayer con un bloqueo para exigir la derogación de la ley que impone un seguro obligatorio de daños a terceros, que consideran «lesivo» a sus intereses. Sin embargo, no mencionaron los casos perjudiciales en los que se ven involucrados conductores, cooperativas o empresas dedicadas a esta rama de la economía cuando vehículos pesados provocan accidentes fatales, ya sea por inexperiencia o averías mecánicas. O en la velocidad, como ha sucedido con colisiones que involucran Camion de basura. , último martes, rue 20, zona 10, y boulevard Buganvilias, zona 6, el 28 de agosto. En ambos casos hubo heridos y muertos.
El 8 de septiembre, un tráiler y un autobús extraurbano chocaron en el kilómetro 154 de la CA-2 Occidente, en Suchitepéquez. El día anterior chocó un camión en el kilómetro 146 de esta ruta. El 5 de septiembre, dos remolques y un autobús chocaron en el kilómetro 194 de la Carretera Atlántica en Los Amates Izabal. El 3 de septiembre volcó un tráiler en el kilómetro 66, cerca de Escuintla. El 2 de septiembre, un camión cargado de plátanos patina y cruza a mitad de camino por la Carretera Atlántica. En ninguno de los casos anteriores ha habido heridos graves o muertos, pero vale la pena considerar quién responde a las víctimas cuando hay una cola fatal.
Es probable que las empresas de transporte de todo tipo argumenten que se trata de riesgos laborales, situaciones que se producen con frecuencia y, sobre todo, desde hace décadas que se necesitan primas de seguros. Hay empresas que ya cuentan con este soporte para su personal y para terceros.
El problema es que en Guatemala no existe un reglamento de seguro obligatorio para todos los vehículos de motor que utilizan la vía pública: desde tuctucs hasta remolques dobles, incluyendo vehículos privados, pick-ups y camionetas. Asumiendo que el coste se toma como denuncia, como desventaja e incluso como pérdida, cuando en realidad es un factor de calidad y competitividad.
No se aconseja al Gobierno ceder ante esta presión, pues a largo plazo será contraproducente, especialmente durante tragedias como la ocurrida el 1 de marzo de 2018, en la que un camión que huía atropelló a más de 20 vehículos en el San Puente de Cristóbal, hecho que dejó siete muertos, personas totalmente ajenas al trabajo del transporte de mercancías y que ese día nunca pensaron que encontrarían la muerte: una lesión colectiva que merece ser evitada.
También es posible que muchas imprudencias de conductores agresivos en la carretera sean problemas individualizables; es decir, no se puede generalizar ni crear prejuicios. Por el contrario, hay pilotos experimentados, conocedores de las rutas, las respuestas físicas de los vehículos y amplios defensores del mantenimiento como una forma de remediar fallas en los frenos, la suspensión o la dirección. Lamentablemente, seguimos viendo conductores de autobús creando tercera y cuarta filas, haciendo giros, jugando carreras con todo y viviendo a bordo, que no tienen licencia profesional, que hablan e incluso envían mensajes de texto frente al volante y otros comportamientos que a menudo tienen un costo monetario real al cobrar los deducibles del seguro. Amenazar con interferir con la locomoción de otros para forzar el rechazo de una regla justa solo refuerza la necesidad de la misma.