Public Employees

Empleados públicos: «Estamos bajo la vigilancia del FSLN»

Quedan dos semanas para las elecciones nicaragüenses, que se llevarán a cabo a la sombra de un estado policial, con las violaciones de derechos humanos en total impunidad. La reelección de Daniel Ortega y Rosario Murillo es una conclusión anunciada, es decir una extensión de “la destrucción de las instituciones nicaragüenses y la imposición del terror”, contra activistas, funcionarios y oposición.

Miguel y María, ambos cedidos, han trabajado en oficinas gubernamentales durante más de diez años. Tuvieron que enfrentar una vida de presiones y miedo a ser despedidos si no obedecían las instrucciones de los líderes políticos del partido oficial. También sienten una creciente desilusión, ya que no ven posibilidad de cambio político en un futuro próximo.

Para ellos, los resultados de la votación de noviembre ya están decididos, luego de meses convulsos en los que fueron encarcelados 40 líderes de la oposición, entre ellos siete candidatos presidenciales. Los partidos rivales fueron luego despojados de su legalidad, los colegios electorales individuales fueron entregados a los simpatizantes sandinistas y los medios de la oposición fueron cerrados. Continuó el estricto control policial de los ciudadanos y la prohibición de manifestaciones, vigente desde septiembre de 2018.

“Sientes dolor, tristeza, rabia, ante la idea de continuar con la misma pesadilla; con el temor constante de que te despidan por no ser militante del partido, y vivir bajo un decreto permanente de que debes colaborar con las actividades que realizan. [the Sandinista party] tomar consciencia de. No solo eso, sino que está bajo vigilancia constante por parte de la seguridad interna dentro de su lugar de trabajo, luego en el vecindario. [by the “citizens’ committees” or CPC]”, Comentó María. Trabaja en el campo de la salud.

Vigilancia vecinal en un contexto de disminución del apoyo al FSLN

María explicó que en todos los barrios hay militantes sandinistas que asumen la tarea de hacer campaña por Ortega y Murillo. Empiezan temprano en el día con la radio a todo volumen. Explotan la música de propaganda y, al mediodía, los monólogos diarios de Rosario Murillo. Son las Unidades de Victoria Electoral, responsables de la vigilancia política en los territorios.

Karla [assumed name] es una enfermera que trabajó para el estado durante 12 años, hasta su exilio en 2019. Afirmó que la vida descrita por su colega es típica en las instituciones estatales, donde suele haber grupos de WhatsApp a través de los cuales dan instrucciones a los trabajadores.

“No puedes hacer nada. Tienes que decir lo que te digan. Si quieren que vayas a la plaza con la bandera sandinista, tienes que ir. Con frecuencia hacen una lista de quiénes asistieron y, si no, se le acusa de estar en contra del gobierno ”, dijo Karla.

Según la enfermera, los trabajadores de la salud tienen la obligación de acompañar cada explicación médica que brinden a la población con la frase introductoria: «Gracias al Comandante y su Novia,”Una expresión común que se refiere a Ortega y Murillo.

Las estructuras que los supervisan se basan en la Federación de Trabajadores de la Salud, un sindicato aliado con el gobierno. En los barrios, los Consejos de Poder Ciudadano (CPC) son organizaciones de militantes sandinistas vecinales.

Karla recordó una vez que tuvieron que recoger firmas a favor de Ortega, quien había sido condenado por violaciones de derechos humanos por parte de organismos internacionales. Las denominadas prácticas familiares dentro del CPC les ordenaron recoger estas firmas durante el trabajo de campo realizado por médicos y enfermeras.

Karla observó cómo sus colegas llenaban los papeles de la petición. “Si no haces nada de eso te empiezan a perseguir, o ponen a alguien en tu expediente, como me pasó a mí. Tenía problemas con un paramilitar que se hacía pasar por un trabajador de la salud y me miraba ”, recuerda con tristeza.

Las quejas de los funcionarios reflejan un aspecto de la creciente desaprobación de Ortega. En la última encuesta publicada en septiembre por la filial costarricense de la empresa CID Gallup, solo el 8% de los encuestados dijo apoyar al partido sandinista. Este es el punto más bajo registrado en los últimos 30 años, según el consultor político Luis Haug, quien dirigió la investigación.

Las explicaciones de este apoyo que se desploma giran en torno a la ineficacia del gobierno en el manejo de la pandemia de COVID y el descontento con la represión. [and imprisonment of the opposition leaders]. Estas acciones represivas, a su vez, fueron justificadas por Ortega como una investigación de los cargos penales de conspiración para desestabilizar el país. Mientras tanto, no hay ningún intento de controlar los abusos cometidos por su gobierno.

El exdiputado opositor Eliseo Núñez considera que la base política del FSLN es muy débil, ya que está formada por empleados estatales. Estos pueden cambiar fácilmente sus preferencias políticas, ya que su lealtad tiende a estar ligada a un sistema de favoritismo.

Según datos del Banco Central de Nicaragua, hay al menos 113.534 trabajadores en el gobierno central. Además, hay trabajadores en los municipios y administraciones municipales, el 90% de los cuales están bajo el control del FSLN.

La incertidumbre envuelve a Ortega

El nuevo mandato presidencial comenzará en enero de 2022. Está marcado por la incertidumbre, para los disidentes actualmente perseguidos, pero también para el régimen, que durante años se ha sumergido en batallas por el control.

Las diferencias dentro de las filas de Ortega se centran en dos grupos: los llamados sandinistas históricos, que participaron en la lucha contra Somoza y son aliados del caudillo de Ortega; y los del nuevo sello, que simpatizan con Murillo. El ex magistrado Rafael Solís lo llamó una “monarquía” de dos cabezas. Solís, que había presenciado a la pareja presidencial, renunció a su cargo en la Corte Suprema en 2019 y abandonó el país denunciando la fabricación de juicios penales contra miembros de la oposición.

El costarricense Carlos Murillo Zamora, analista de política exterior y profesor de la Universidad de Costa Rica, advirtió que, lamentablemente, Nicaragua estará bajo una dictadura «por un tiempo» mientras mantienen el control de las fuerzas de seguridad.

El profesor Murillo señaló que Nicaragua debe ser vigilada de cerca por la región, pero no cree que tomen medidas contra el régimen.

En cambio, en Centroamérica «siguen proliferando regímenes autoritarios y dictaduras». Ortega intenta imponerse en la lógica de que la legitimidad se gana con las armas y no con los votos, afirma Eliseo Núñez. Así, el caudillo nicaragüense tiene la impresión de estar en una guerra, en la que el terror es solo uno de sus instrumentos. Los agentes estatales no tienen garantía contra esta represión.

Este artículo fue publicado originalmente en español en Confidencial y traducido por Havana Times.

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