El mayor desastre lo provoca la ignorancia - Prensa Libre

Giammattei al servicio de la minera – Prensa Libre

Hoy El Estor es una población ocupada en la que se violan flagrantemente los derechos humanos para defender los intereses de una mina que no ha dejado más que muerte y destrucción. ¿No está el Estado de Guatemala para proteger a la persona y la familia, así como para garantizar la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona, como lo establecen los artículos 1 y 2 de la Constitución? El presidente Alejandro Giammattei ha demostrado que estas garantías constitucionales valen un pepino porque se ha erigido en déspota contra la población indefensa y en servidumbre con los poderosos. En El Estor, cientos de policías y militares protegen una mina que opera ilegalmente desde el año pasado. Lea atentamente, funciona ilegalmente. Ahora, con el estado de sitio, no solo se prohíbe cualquier forma de manifestación, sino que las fuerzas de seguridad también allanan las casas de líderes comunitarios y periodistas, además de perseguirlos. El presidente es muy democrático.

El 19 de junio de 2020 la Corte Constitucional ordenó la suspensión del funcionamiento de la Compañía Guatemalteca del Níquel (CGN, SA), con capital suizo, ruso y canadiense, hasta que se realice una consulta popular. La base de esta decisión fue que, según la Corte Suprema, “se han violado los derechos de los pueblos indígenas a participar en la formulación, implementación y evaluación de los planes y programas de desarrollo económico, social y cultural que los afectan directamente”. El CC subrayó que el estudio de impacto ambiental de la mina se realizó en un área de 6,29 km², pero el Ministerio de Energía autorizó la explotación de más de 247,9 km². Por ello, la resolución ordenó a este ministerio limitar la operación a solo 6,29 km. Entonces, como puede ver, existe una connivencia entre las autoridades gubernamentales y la empresa minera para operar al margen de la ley. Por lo tanto, la resistencia del pueblo q’eqchi ‘a la mina es legítima.

La razón detrás del despliegue desproporcionado de policías y militares es que hay negocios oscuros debajo de la mesa. ¿Cómo entender que Giammattei protege una mina que opera ilegalmente y utiliza las fuerzas de seguridad para reprimir a una población de la que la razón atestigua? La corrupción y los sobornos son la cruda realidad detrás de esta acción criminal del gobierno. Además de operar ilegalmente, la mina mata el lago Izabal y afecta directamente la pesca, en la que vive gran parte de la población de El Estor. La minera utiliza mucha agua para procesar el metal y todos los residuos van al lago de Izabal. Los pescadores informan que el agua ya no es clara y observan gruesas capas de contaminación provenientes de la mina. CGN extrae millones de dólares de la minería y no entrega más que migajas y destrucción. ¿Vale la pena para el desarrollo del país?

La minería ha dejado un largo legado de muerte en el país. En 1971, el congresista Fito Mijangos fue asesinado por oponerse a las operaciones mineras. Fue el primer delito que se vinculó con las operaciones de estas actividades extractivas. En 2012, tres estudiantes de la Universidad del Valle de Guatemala también fueron asesinados mientras realizaban un monitoreo bioambiental para medir el impacto de la mina CGN en el ecosistema. En 2017, el pescador Carlos Maaz Coc fue asesinado por un policía mientras participaba en una actividad contra las operaciones mineras. Hoy, una vez más, vemos cómo las fuerzas de seguridad no están ahí para defender a la ciudadanía, sino que vienen vergonzosamente a ocuparse de la mina. Las escenas de decenas de policías y soldados custodiando camiones mineros dicen mucho sobre cómo se está vendiendo el gobierno de Giammattei a intereses extractivos.


Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *