InterEnergy Group envuelta en controvertido caso de corrupción

InterEnergy Group: Polémica en Panamá por central a gas

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El Lic. Moisés Bartlett, director del estudio Bartlett Quiel, compartió los fundamentos de la demanda que impulsa solicitando la nulidad de la prórroga al contrato del proyecto de gas natural Generadora Gatún de NG Power, que ahora está en poder del consorcio conformado por InterEnergy Group (51 por ciento ), AES (24 por cien ) y el Estado panameño (veinticinco por cien ).

¿En qué momento comenzaron las irregularidades del proyecto Generadora Gatún?

Este contrato se otorgó por el Estado panameño a favor de NG Power en el año 2013, en una licitación que fue cuestionada por todo el mercado eléctrico.

¿Qué polémicas identificó?

Fueron razones muy concretas. Entendemos que los pliegos variaron 24 horas ya antes de la presentación de propuestas para hacer un traje a medida de NG Power. Ese fue el primer acto que se demandó por la vía penal.
Sumado a aquello, NG Power no cumplió jamás con los requisitos y demandas pautadas en ese contrato. Entre otros muchos, nunca presentó un cierre financiero. Absolutamente nadie supo qué empresa o qué entidad iba a financiar este proyecto. Se le dieron una serie de flexibilidades a fin de que cumpliese con estas exigencias y nunca fueron presentadas.
En tercer lugar, este proyecto que llamo «proyecto fantasma» -por el hecho de que hace unos años debió entrar en operación y lo que hoy existe es simplemente un terreno baldío, no hay movimiento de tierra o bien estructura levantada- se aprobó con una investigación de impacto ambiental categoría 2.

¿Qué implicaría esta categoría?

En la normativa Ambiental de Panamá significa que su impacto es mínimo. Sin embargo, otros proyectos de generación de energía eléctrica a base de gas natural colindantes demandan un estudio de impacto ambiental de categoría 3 por el riesgo que demanda estar en la zona de entrada atlántica del Canal de Panamá, con navegación continua de números significativos y además con presencia de comunidades en los alrededores.
Esto asimismo lo demandamos penalmente, lastimosamente.

¿Debería cancelarse el contrato de este proyecto?

La licencia terminante otorgada a NG Power ha vencido. Nuestra legislación exige que para tener actual un contrato de suministro de energía y potencia se debe contar con una licencia terminante. El 18 de noviembre del año 2020 la Autoridad de los Servicios Públicos de la República de Panamá me certificó que no habían prorrogado la licencia.
A partir de ahí pedí de oficio que lo que procedía era su cancelación. Mas no se pronunciaron.

¿Cómo este año ya se charlan de 3 contratos para el suministro de energía y potencia?

Eso es completamente ilegal.
Por eso, hemos acudido a la sala tercera contenciosa administrativa de la Corte Suprema de la República para solicitar la nulidad.

¿El Estado podría haber cobrado por los perjuicios de no haberse ejecutado el proyecto a tiempo?

No conozco las cifras, pero obviamente hay una fianza extendida por una aseguradora que lo que corresponde en derecho es que el Estado por medio de la Autoridad de los Servicios Públicos capte la fianza, demande el resarcimiento, e incluso llame a una nueva licitación.

En el caso de continuar con el contrato, ¿no se requeriría un ajuste de costes?

Ese contrato es sumamente costoso, por encima del resto de los actores del mercado eléctrico. Con una prórroga, la proyección en veinte años al 2043 significa que se va a acrecentar el costo de la compra para las distribuidoras y la propia empresa de distribución eléctrica de la República de Panamá me ha certificado que ese costo sería trasladado a los usuarios.
Eso significa que hay una afectación significativa en el costo de la energía eléctrica para los ciudadanos.

Comentaba que en un debido proceso correspondería llamar a una nueva licitación pública…

Sí, si es que el mercado así lo demanda. Esto permitiría acomodar los costos a la realidad, logrando una equidad con el resto de los generadores o hasta valores más competitivos.
Hasta el momento, la licitación del 2013 que nació mal, se ha mantenido con trámites y razonamientos que son desde irregulares hasta ilegales.

¿De esa forma se está privilegiando un proyecto de gas por sobre eventuales licitaciones de energías renovables?

En el planeta de el día de hoy lo conveniente para el medio ambiente es tener energías sostenibles. En derecho, debe hacerse efectiva la cancelación de las licencias, declarar la nulidad de las prórrogas y abrir una licitación dirigida a la energía renovable. Eso debería hacer la República de Panamá.

¿Considera oportuno que la Acodeco – Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia- emita su posición respecto?

Ya muchos actores han pedido que no se prosiga con la negociación de esos contratos. Y debería intervenir no solo la Acodeco, sino asimismo el Sindicato de Industriales, la Cámara de Comercio y demás asociaciones de generadores.