Juicios políticos nicaragüenses «nulos», jueces podrían ser acusados ​​de violar la ley

Se han identificado un gran número de irregularidades en la acusación y encarcelamiento de la última ola de presos políticos. Estas violaciones no solo invalidan los juicios, sino que también forman la base de futuros cargos penales contra los jueces en funciones, que violan la constitución y las leyes de Nicaragua. Este es el veredicto de dos abogados entrevistados el domingo 29 de agosto en las noticias en línea. Esta semana. El programa en sí se transmitió solo a través de Internet, debido a la censura del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

A fines de mayo de 2021, el régimen encarceló a Walter Gómez y Marcos Fletes, dos ex empleados de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Fue la primera detención en una cacería de brujas que continúa hoy: con detenciones y secuestros de líderes opositores, candidatos presidenciales, periodistas, exdiplomáticos, dirigentes de asociaciones, civiles y estudiantes, e incluso un banquero. El régimen los acusa de una serie de crímenes que la comunidad nacional e internacional han considerado prefabricados desde el principio.

En la entrevista con Esta semanaEl exjefe del sistema judicial Yader Morazan, especialista en administración judicial, y el exfiscal Boanerges Fornos, detallaron los criterios legales para declarar la nulidad de todas las decisiones judiciales. También aclararon por qué la decisión de los jueces de continuar los juicios de estos presos políticos los convierte en cómplices de la dictadura en la comisión de delitos.

“Si la evidencia se ha obtenido de una manera que viola las garantías constitucionales, esa evidencia no puede formar la base de decisiones válidas. Aparte de eso, también pueden provocar drásticos cambios en el curso de los procesos judiciales ”, explicó Morazán.

Por su parte, Fornos se refirió al secretismo con el que se llevaron a cabo las audiencias, señalando que “los jueces no dieron una justificación legal previa para la realización de estas audiencias secretas. Aquí también lo importante es que estas audiencias son inválidas, porque no se realizaron en presencia de abogados defensores ”.

Defectos incapacitantes

Lo ocurrido en la corte es una confirmación más del proceso de radicalización que ha experimentado el Poder Judicial desde 2018, señaló Morazán. “Mientras que antes, los jueces esperaban una llamada telefónica importante antes de cometer anomalías en un juicio. Hoy es todo lo contrario, lo que los jueces le hacen a cualquier figura de la oposición es totalmente visible ”, para que el régimen lo vea bien.

“El comportamiento de estos jueces es claro. Cometen delitos de Incumplimiento de deberes públicos por haber dictado decisiones contrarias a la Constitución y las leyes de Nicaragua. También son culpables de menospreciar la justicia, por negarse a resolver la situación. También hay retrasos maliciosos. Los jueces incurren en conductas delictivas en el desempeño de sus funciones ”, concluyó Morazán. Además, lo están haciendo en un momento en el que deberían sancionar el comportamiento delictivo.

Morazán recordó el comportamiento observado en 2018 y posteriormente en 2020. En ese momento, los imputados fueron acusados ​​de posesión de drogas o armas, “pero los patrones de hoy no se han observado. Los abogados tuvieron acceso a los archivos. A medida que se acercan las elecciones, «los jueces que no tenían el poder de impedir que la gente optara por cargos públicos lo hacen a toda costa, independientemente de lo que diga la propia ley». Estamos ante una radicalización de la justicia, que se instrumentaliza como cuerpo represivo ”, precisó.

Con base en su experiencia previa en el sistema, Fornos aseguró: “Todos estos trámites legales son inválidos. Cuando el sistema de justicia comience a funcionar con eficacia, todos estos procesos serán declarados inválidos. Ser discapacitado significa que las personas que participaron son civil y penalmente responsables. Es importante enfatizar eso «.

“Si estuviéramos bajo el imperio de la ley, muchas de estas autoridades habrían sido detenidas por haber cometido una gran cantidad de delitos contra los imputados y contra la administración de justicia. Sin embargo, hemos visto que los jueces que no quisieron jugar al juego de cometer delitos (…) son destituidos. Mañana, cuando estemos nuevamente bajo el imperio de la ley, esta gente tendrá que responder ”, pronosticó Morazán.

¿Dónde están los prisioneros secuestrados?

El abogado Fornos ha coincidido con la opinión expresada por defensores de derechos humanos e incluso por Amnistía Internacional, quienes sostienen que los últimos presos se encuentran en estado de secuestro y desaparición forzada, aunque declaraciones oficiales policiales del gobierno nacional y la fiscalía afirman que se encuentran en las celdas. de Managua El Chipote prisión.

“El gobierno de Nicaragua, ya sea la policía nacional o el sistema penitenciario, tiene la obligación de mostrar a estos presos. Hasta el momento, solo se dice en papel que están detenidos, que han sido acusados, que se ha realizado una audiencia. Se desconoce el estado físico y psicológico de estas personas y si realmente están donde dicen estar. En virtud de este postulado, estos encarcelamientos pueden calificarse como desapariciones forzadas, definitivamente ”, acusó Fornos.

Morazán citó el Código Procesal Penal de Nicaragua, recordando que los abogados defensores deben estar presentes en estas audiencias. Además, el 4 de marzo de 2021, la Corte Suprema de Nicaragua emitió un memorando en el que los jueces tenían la tarea de autorizar la participación de abogados.

“Este mismo memo dice que para imponer el período de detención de 90 días para la investigación debe existir un peligro inminente de eludir la justicia, o que la persona representa un peligro en términos de injerencia en el sistema”. Judicial; o seguir cometiendo delitos. Nada de esto fue visto. Por eso podemos afirmar categóricamente que el régimen ni siquiera obedece sus propias leyes, ni siquiera las noticias represivas ”, dijo.

El abogado Morazán se refirió a que en ambos tipos de cargos -el de «lavado de dinero» y «violación de la» ley de soberanía «,» hasta el momento no sabemos qué pruebas hay «acusación presentada».

Lo que se sabe es que los cargos originales contra Cristiana Chamorro se ampliaron para incluir a más personas y otros delitos de lavado de activos, mala administración, malversación, retención irrazonable y falsificación ideológica. Sin embargo, «los cargos deben establecer los hechos subyacentes a los cargos y la supuesta evidencia que existe», dijo.

Tampoco está claro qué pruebas puede tener la fiscalía contra los acusados ​​de violar la Ley 1055, por conspiración para socavar la integridad nacional.

En ambos casos, el abogado señala que la prueba podría ser «un testimonio, tal vez una fotografía, un video o una declaración pública hecha por el imputado … probablemente información financiera que obtuvieron a través de solicitudes hechas. A los bancos, … pero hasta ahora no no sé nada «.

Este artículo fue publicado originalmente en español en Confidencial y traducido por Havana Times.