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Justicia política en un régimen totalitario

Así como ha quitado la justicia a la política, el régimen ha contaminado la justicia a través de la política. El uso político de la justicia tiene una larga tradición en Nicaragua; Sin embargo, el régimen de Ortega profundizó su uso en 2021 y explicitó su plan de usar la justicia para perseguir enemigos. Actualmente, confía en la justicia política para mantenerse en el poder.

Este no es el uso ordinario de la justicia para proteger el interés público o los intereses del estado. La justicia de Ortega está en el extremo del espectro de la justicia política: para el régimen, la justicia es parte del botín que controla y la utiliza como mecanismo para hacer la guerra y anular a sus oponentes. Había recurrido a la cárcel política en años anteriores, pero es evidente su predilección por este mecanismo en el arsenal represivo (documentado en 2021).

En los regímenes democráticos, los gobiernos tienen un amplio repertorio para defender el interés público y los intereses del Estado. Las herramientas o mecanismos a su disposición son variados, desde el ejercicio regulatorio de la libertad de expresión hasta el uso de la fuerza, todo dentro de límites y controles razonables (establecidos, entre otros, por el derecho internacional). De hecho, es legítimo utilizar la administración de justicia para defender el interés público; muchos regímenes democráticos lo hacen, respetando el estado de derecho y todas las demás garantías incluidas en el derecho a un juicio justo.

Es un equilibrio frágil pero necesario: defender el estado de derecho y la seguridad pública, mantener los controles democráticos y garantizar el ejercicio de las libertades. Gran parte de la regulación internacional tiene como objetivo prevenir el abuso de poder y la politización del poder judicial. El equilibrio se logra aceptando que las reglas del juego permiten la disidencia y la oposición, promueven controles independientes (incluidos los resultantes de una ciudadanía organizada y exigente) y prohíben la concentración de poder (asegurando la separación de poderes y manteniendo elecciones periódicas, con garantías).

Los que están en el poder en Nicaragua desafían abiertamente las reglas del juego del estado de derecho y se retiran. Su juego es diferente: no han resistido la tentación de concentrarlo todo y han recurrido a formas de totalitarismo para reprimir a la oposición y asegurar su sostenibilidad. Uno de los elementos del juego es reprimir la disidencia y cualquier amenaza que pueda surgir; su mecanismo para lograrlo: la justicia política.

Es un plan de persecución que lleva funcionando al menos un año. El régimen dio a conocer la esencia de su plan a fines de diciembre de 2020 (en la Ley 1055, que declara la persecución de los enemigos del régimen, incluida su muerte política y retribución cantada). Paulatinamente, modificó el derecho penal sustantivo y procesal (ampliando la amenaza punitiva y reduciendo aún más las garantías procesales, por ejemplo, a través de las Leyes 1040 y 1042 de 2020, conocidas como Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y Ley de Agentes Extranjeros, respectivamente. , y la Ley 1060 de 2021, que modificó toda la estructura del proceso penal e instituyó la práctica de la detención en aislamiento investigar), y la obediencia garantizada de todos los agentes policiales y judiciales. Aplicando este marco regulatorio, instituyó, a mediados de 2021, el secuestro institucional como práctica estatal e irradiaba miedo como forma de gobierno.

Al mejor estilo totalitario, todo el que cae en un preso político se presume culpable – corrección: es culpable. Todos habitan un campo tejido de prefabricación y enemistad.

El laberinto de su detención se disfraza de jerga jurídica, se embellece con audiencias en salas de policía o justicia (que no es lo mismo, pero en Nicaragua es lo mismo), se resguarda de la reserva judicial y es cortés con otras entelequías judiciales para profundizar la convicción y el aislamiento.

Los presos y presos políticos están confinados por el régimen. Con su hábito de halcón, Ortega privó a estas personas de su libertad para hacerlas sufrir, enviar un mensaje disciplinario a la población y tener cartas de negociación. Utilizando el poder judicial, hace impunemente lo que está prohibido en tiempos de guerra: toma rehenes y les aplica tratos crueles y degradantes durante su cautiverio (es decir tortura).

Todo está hecho de poder, con un formalismo jurídico exótico para confundir a quienes miran desde afuera. Por eso, es importante, en esta revisión de fin de año, decir las cosas directamente: en Nicaragua la justicia ya no es justicia, sino una extensión del aparato político que sirve para reprimir y reprimir a la oposición.

Policías, fiscales, jueces, otros funcionarios judiciales y carceleros son cómplices de la represión. Puede que se estén quedando sin espacio, pero su decisión es quedarse y hacer lo que creen que quiere el régimen. Tienen comunión (explícita o implícita) con el régimen. Tu obediencia es confabulación.

El régimen de Ortega, actuando en el marco del partido-Estado, anuló cualquier separación o división entre consideraciones privadas (propias) e intereses y necesidades públicas. En el actual estado nicaragüense se ha borrado la barrera entre lo público y lo privado, lo estatal y lo partidista, y (de hecho) lo legal y lo ilegal, se ha borrado. Quienes están en el poder no reconocen estos límites. El Estado-partido y su mantenimiento requieren esta indeterminación y esta vaguedad para difundir la ficción de Su Majestad en el siglo XXI.

Toda esta fabricación procedente de un supuesto revolucionario es tan grotesca como la veneración debida al emperador oa la corona en algún reino pasado, donde el poder no podía ser cuestionado y la tortura, el destierro, la muerte, la justicia y el clemencia eran funciones de la majestuosa voluntad. Parece ilusorio, ¡porque lo es! El problema es que además del delirio, esta forma de poder se ha afianzado y continúa en Nicaragua.

A fin de año, además de los aproximadamente cincuenta presos políticos detenidos en 2021, decenas de personas siguen sometidas a la justicia política y todos los ciudadanos están amenazados con caer en sus garras.

Los casos se debaten en clave de derecho y derechos para demostrar arbitrariedad. Supongo que esa es la retórica que compartimos para describir la injusticia y el maltrato al que son sometidas estas personas. Pero este marco se limita a comprender lo que está sucediendo en Nicaragua. No es que exista evidencia de arbitrariedad o violaciones al debido proceso; la realidad es que todo el poder judicial está torcido y bajo un gobierno partidista. Toda su actuación es arbitraria. La justicia política es parte del arsenal del régimen de Ortega.

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