El mayor desastre lo provoca la ignorancia - Prensa Libre

La criminalización como estrategia – Prensa Libre

El Pacto de la Corrupción ha redoblado el contraataque. Una vez que se verificó la diputada con el nombramiento de Consuelo Porras y neutralizaron los tribunales superiores, se inició la persecución contra los líderes visibles en la lucha contra la corrupción y la impunidad.

Los mismos trucos que utilizaron para criminalizar a las autoridades ancestrales y los líderes de los pueblos indígenas que defienden sus tierras, territorios y recursos naturales ahora se utilizan para acabar con la “disidencia”.

El cierre de la Cicig y la decapitación de Feci son parte de un plan más amplio que tiene como objetivo no solo detener las investigaciones y los procesos judiciales en casos de gran corrupción y beneficiar a los involucrados: la excarcelación del exdiputado del PP, Gudy Rivera un buen ejemplo, pero también para purgar a quienes se atrevieron a hacer negocios.

En el MP: La destitución ilegal y arbitraria del fiscal Juan Francisco Sandoval y el atentado contra su equipo. Transferencia de archivos para tener control sobre las investigaciones y evitar tocar a «amigos y aliados». El cambio de fiscales y otros funcionarios que realizaban investigaciones sobre casos de alto impacto para meterlos en el congelador, como sucedió con el fiscal adjunto Eduardo Pantaleón quien encabezó las investigaciones del Instituto de Víctimas que encabeza la exdiputada Alejandra Carrillo. O la negativa de Consuelo Porras a responder a la solicitud de los jueces Yassmín Barrios y Erika Aifán y los jueces Miguel Ángel Gálvez y Pablo Xitumul de desestimar las falsas denuncias en su contra que llevan años sin movimiento y se utilizan como mecanismo de acoso. En el DO: Se admiten denuncias penales infundadas contra jueces independientes para levantar su inmunidad y para ser procesados ​​y / o destituidos de sus funciones. Las quejas contra el personal de la corte que filtró información y robaron páginas de los archivos de la corte son desestimadas. Y cuando se inicia un procedimiento disciplinario y resulta que han cometido faltas graves merecedoras de destitución, solo se decide trasladarlos a otras jurisdicciones.

Pero la criminalización y los ataques también afectan a los referentes de organizaciones y movimientos sociales que tienen un rol activo en la movilización y participación ciudadana o que han iniciado acciones judiciales para poner fin a los abusos y arbitrariedades cometidos por diputados o políticos funcionarios de gobierno.

La estrategia ha sido fabricar causas penales y denuncias espúreas que, si bien no tienen fundamento, también se mantienen abiertas como forma de presión y amenaza. Como ocurre en los procesos judiciales contra los líderes de los movimientos de resistencia a megaproyectos como Bernardo Caal, se buscan delitos graves que no tienen medidas alternativas para armar la fiscalía.

La criminalización va acompañada de campañas de difamación, desinformación y calumnias contra las personas y sus organizaciones. Provoca un impacto negativo a nivel individual, familiar y social y busca silenciar y paralizar el trabajo que se realiza a favor de los derechos y libertades de los ciudadanos. Se trata de dar una lección “ejemplar” para generar miedo y desalentar la participación y movilización social.

Este domingo, la organización interreligiosa Sentinels, que tuvo un papel protagonista en las protestas contra la impunidad, denunció la persecución arbitraria de uno de sus miembros. «Sin evidencia científica, sin una investigación razonada y malévola, el diputado emitió una orden de aprehensión contra uno de nuestros colegas así como contra otras 14 personas, entre las que destacan quienes han investigado casos de alta corrupción o quienes se manifestaron en su contra».

En resumen: criminalización como venganza.


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