La juez inquebrantable Erika Aifán – Prensa Libre
Los ataques contra jueces y fiscales independientes son cada vez más graves. No solo con palabras, sino con hechos. Envalentonados como están porque controlan las tres agencias estatales, ya ni siquiera guardan los formularios.
Nuevamente, el sábado pasado Alejandro Giammattei apareció en una entrevista en un medio internacional anunciando el próximo movimiento del MP. Si bien intentó dar marcha atrás diciendo que la fiscalía es autónoma y que no tiene influencia en las decisiones, dijo con todas sus cartas que muy pronto se conocerá la fase 2 del caso Odebrecht, que seguramente es la forma que encontraron para continuar. criminalizando al exjefe de Feci Juan Francisco Sandoval, a la exfiscal general Thelma Aldana y a la jueza que controla el caso, Erika Aifán.
La estrategia es bastante tosca y predecible, pero no por ello menos preocupante. Comienzan con una campaña orquestada en redes sociales donde decenas de cuentas falsas se replican y reproducen desinformación, medias verdades y acusaciones infundadas. Continúan con algunas publicaciones en los medios aliados con grupos pro impunidad para darle un barniz «periodístico» a los asuntos y, cuando el «terreno» de la opinión pública está suficientemente preparado, tiran al ruedo a su aliada – Consuelo de los corruptos -, su fiel procurador general. En general, este ha sido el modus operandi para remover a quienes aún representan un obstáculo en su búsqueda de la impunidad.
Con el diputado y los tribunales superiores de su lado, las baterías se alinean contra los fiscales y jueces independientes. Lo acabamos de ver con el despido ilegal y arbitrario de Juan Francisco Sandoval y con la asamblea que ha montado la Oficina Superior para exigir su captura. Y por supuesto, el nombramiento de Rafael Curruchiche como nuevo titular de Feci, con quien se aseguran de detener las investigaciones en curso, abatir los procesos judiciales y abrir casos para criminalizar a quienes se atrevieron a liderar la lucha contra la corrupción y la impunidad.
No hace falta ser muy perspicaz para saber que lo que viene -y están aquí- es asaltar el juzgado «D» de Mayor Riesgo, a cargo de Erika Aifán, una jueza firme e independiente que pese a hostigamientos, amenazas, decenas de denuncias espúreas y tácticas intimidatorias contra ella y su familia dictan resoluciones y adelantan procesos legales que involucran a personas de enorme poder político y económico en el país, quienes aún han sido considerados “intocables”.
No habiendo podido violar su independencia judicial y conociendo su inalterable deseo de hacer respetar la ley, utilizan todo tipo de trucos para sacarla de los tribunales y, por supuesto, reprocharle la osadía de enfrentarlos a la Justicia.
Se han presentado decenas de denuncias penales infundadas contra la jueza Aifán que pueden utilizarse, en cualquier momento, para enviarla a prisión, una vez que se levante su inmunidad. Por ello, es muy preocupante que la CSJ declare válida la petición de decisión prejudicial interpuesta por el abogado entrevistado Wilber Castellanos, en representación del Instituto de la Judicatura, varios de los cuales integran una red que ha Influyó en el proceso electoral de las actuales autoridades judiciales.
Si tienen éxito, revocarán demandas contra redes y estructuras criminales que han defraudado al estado, malversado recursos públicos, sobornado a funcionarios para asegurar contratos y campañas electorales financiadas ilegalmente. Me niego a vivir en una dictadura de impunidad, por eso apoyo a la jueza Erika Aifán y a jueces y fiscales independientes.