La Unión Europea amplía por un año las sanciones contra el régimen de Ortega
La Unión Europea (UE) prorrogó el lunes 11 de octubre por un año más las sanciones impuestas a personalidades y empresas vinculadas al régimen de Daniel Ortega, considerándolas vinculadas al deterioro de la situación política y social en Nicaragua.
El Consejo de la UE -institución en la que están representados los gobiernos de los 27 países miembros- dijo en un comunicado de prensa que ha ampliado el marco legal en el que se basan estas sanciones hasta el 15 de octubre de 2022.
Las sanciones fueron impuestas por primera vez por la UE en octubre de 2019 contra personas y entidades «responsables de violaciones o abusos de los derechos humanos, o de la represión de la sociedad civil y la oposición democrática en Nicaragua», así como contra quienes llevan a cabo «políticas» o actividades que socavan la democracia y el estado de derecho. «
Desde la creación de este marco legal, la UE ha sancionado a un total de 14 altos funcionarios del régimen, entre ellos la vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo; uno de los hijos del matrimonio presidencial, Juan Carlos Ortega Murillo; el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras Cortés; la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Alba Luz Ramos Vanegas; el asesor presidencial para asuntos económicos, Bayardo Arce Castaño; y Ana Julia Guido Ochoa, Fiscal General.
También se incluyen varios jefes de policía: el Director de la Policía Nacional, Francisco Díaz, así como Luis Alberto Pérez Olivas, Justo Pastor Urbina, Ramón Avellan, Fidel Domínguez Alvarez y Juan Antonio Valle Valle. La lista de sancionados la completan el estrecho colaborador de la pareja presidencial, Néstor Moncada Lau, y la exministra de Salud, Sonia Castro.
Las medidas restrictivas consisten en la prohibición de viajar en el territorio de la UE y la congelación de activos.
La mayoría de los catorce sancionados por la UE ya están en otras listas de los sancionados por los gobiernos de Canadá, Reino Unido, Suiza y Estados Unidos, que los señalan por actos de corrupción y violaciones de los derechos humanos de los nicaragüenses.
Se elimina la competencia electoral
La UE reafirmó que la vuelta al diálogo inclusivo y la democracia en Nicaragua «es la única salida a la crisis política, económica y social» que atraviesa este país centroamericano.
Pour cette raison, il a demandé aux autorités nicaraguayennes de mettre fin à la répression des opposants politiques, des médias indépendants, de la société civile et des défenseurs des droits humains, et de garantir pleinement le respect des libertés fondamentales et des droits civils et politiques en el pais.
En cambio, señaló que el gobierno nicaragüense ha «intensificado la represión, prohibiendo a los partidos de oposición y organizaciones de la sociedad civil, así como encarcelando a opositores políticos y miembros de la academia, periodistas y otros ciudadanos sin respetar el debido proceso».
La UE observa que tales acciones del gobierno Ortega-Murillo «eliminaron la posibilidad de cualquier competencia electoral seria» en las elecciones generales del 7 de noviembre, «privando a los ciudadanos de Nicaragua de su derecho soberano a elegir libremente a sus representantes».
Este artículo fue publicado originalmente en español en Confidencial y traducido por Havana Times.
