Las decisiones judiciales disuaden o fomentan el comportamiento – Prensa Libre
Se han escrito muchas páginas, en papel y tinta, sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos y procesos de protección de la mujer, a fin de prevenir agresiones verbales, físicas y psicológicas, frenar las desapariciones y feminicidios, así como garantizar la seguridad jurídica. . procedimientos judiciales contra quienes indicaron tales actos ilícitos. En cualquier caso, como mínimo, si hay denuncias, si hay una investigación por parte de la fiscalía y si hay indicios de una posible comisión de un delito, existe al menos la posibilidad de que los nombrados sean juzgados.
Ayer mismo vimos una decisión judicial que sienta un precedente importante: Walter Sical, de 28 años, fue sentenciado a 10 años de prisión por acoso sexual a una niña de 9 años, hecho ocurrido el pasado 11 de febrero y registrado en tránsito. Cámaras de San Marcos. Al enterarse de que existía una orden de aprehensión en su contra, Sical huyó e incluso dejó su vehículo abandonado en una carretera de Baja Verapaz. Fue detenido, juzgado y condenado por su acción. Desafortunadamente, en Guatemala al menos 10 niñas menores de 10 a 14 años quedan embarazadas cada mes, evidentemente por abuso sexual. La decisión judicial del pasado se vuelve ejemplar.
Paradójicamente, ayer también hubo una resolución judicial que causó cierta sorpresa, no solo por la resonancia del caso, sino por los contundentes testimonios que trascendieron. El Juzgado Segundo de lo Penal de Femicidio rechazó la apertura del juicio y también ordenó el cese de la investigación contra el futbolista Marco Pablo Pappa por la presunta agresión a Andrea Aparicio, que presuntamente tuvo lugar en el centro de detención Mariscal Zavala, en el pasado mes de marzo.
Esto no es para anticipar ninguna declaración de culpabilidad contra el imputado, pero dado su pasado, incluido un proceso diferente para agredir a su excónyuge, lo más lógico era que este tribunal hubiera abierto la posibilidad de que se enfrente a una audiencia oral y pública. debate. En el contexto de un país donde solo este año hay alrededor de cinco mil denuncias de violencia contra las mujeres y 500 feminicidios, la posibilidad de que una víctima se enfrente a su potencial abusador es una necesidad urgente. No se sabe cuáles fueron las razones de fondo de esta resolución, cuya impugnación fue anunciada por la propia fiscalía. No tiene nada que ver con la importancia deportiva del personaje, la afiliación al equipo o los éxitos pasados, ya que no se trata de su capacidad atlética, sino del miedo a las consecuencias de su mal comportamiento.
Hay hechos trágicos, con todo y un historial de denuncias previas, que han resultado en la muerte de guatemaltecos a manos de sus parejas o cónyuges. La lista es larga, triste, escandalosa. En algunos casos, los presuntos responsables han sido procesados, pero a través de injerencias y tráfico de influencias en la administración de justicia se han encontrado resoluciones sospechosas.
Si ni siquiera se obtiene la posibilidad de un juicio justo en los casos que atentan contra la vida y la dignidad de las mujeres, muchas de las cuales no denuncian a sus agresores, ¿qué se puede esperar en procesos contraindicados por otros ilícitos que muchas veces se basan en pruebas documentales? análisis forense y de referencias cruzadas? La búsqueda de sanciones ejemplares a favor de las víctimas de ataques es un buen indicador de la salud de la justicia en su conjunto.