El mayor desastre lo provoca la ignorancia - Prensa Libre

Los usurpadores son ladrones simples y vulgares – Prensa Libre

En un estado de derecho democrático son fundamentales las garantías para la vida, la integridad personal, la libertad de expresión, el derecho al trabajo y, por supuesto, el respeto a la propiedad privada, personal o real. Este último es fruto de esfuerzos personales y familiares, a menudo de varias generaciones, que constituyen un bastión de la confianza y la productividad ciudadanas. Por eso es preocupante la enorme y abismal brecha entre las miles de denuncias anuales por delitos contra la propiedad y el número de condenas dictadas, o en todo caso de conflictos resueltos por medios como el arbitraje.

Desde 2016 se han registrado un promedio de 4.000 denuncias por delitos contra la propiedad por año, la más frecuente de las cuales es la usurpación, que consiste en la apropiación de bienes por medios ilícitos, incluida la falsificación, escrituras, ventas falsas, testamentos fraudulentos. o misiones simuladas. Tales prácticas requieren la complicidad de abogados corruptos, porque la cadena de actos necesarios para despojar a un propietario es complicada y, a menudo, involucra a funcionarios o incluso jueces venales.

Son preocupantes los datos presentados en el segundo estudio del Observatorio de Derecho Inmobiliario, que analiza los delitos, la eficiencia de la justicia, así como las medidas para reducir su incidencia. De un centenar de denuncias, solo 30 obtienen una sentencia alternativa o salida. En los últimos cinco años, el 63% de las denuncias han sido desestimadas, pero no necesariamente porque el caso desaparezca, sino porque los fiscales creen que no hay pruebas para solicitar un proceso penal.

Tal número de despidos merecen una auditoría interna y externa, especialmente en una administración parlamentaria que ha sido objeto de críticas por sus acciones y sus resultados. Solo el año pasado se cerraron 2.957 procesos de un total de 4.339, es decir, sólo se investigaron mil denuncias.

En 2020 se obtuvieron 29 asentamientos alternativos y una sanción. Los casos no provienen necesariamente del mismo año, ya que las mismas limitaciones y deficiencias en el poder judicial conducen a dificultades y retrasos.

Cabe señalar que muchas víctimas no siempre son conscientes de que sus posesiones están siendo despojadas a tiempo y, a menudo, no cuentan con los recursos económicos para apoyar un largo proceso. Los ancianos, los guatemaltecos que emigran fuera del país, los herederos, las personas con discapacidad y los viudos son los principales objetivos de los grupos de fascinadores que utilizan herramientas legalistas para cometer sus fechorías. Sin embargo, aunque sus acciones se llevan a cabo de acuerdo con las denominadas metodologías de “cuello blanco”, solo son ladrones vulgares. No faltan los casos en los que se ven involucradas bandas de narcotraficantes u otras mafias que buscan tierras para facilitar sus insalubres operaciones.

La modernización tecnológica del registro de la propiedad es un requisito clave para detener este tipo de delitos. Es inconcebible que a estas alturas de la historia siga funcionando una dependencia tan fundamental en un edificio del siglo XIX, con todas las limitaciones que esto representa. Por otro lado, ha sido sintomático que sucesivos gobiernos pusieran a la cabeza de esta entidad a personalidades afines e incondicionales, en lugar de a los especialistas apropiados.


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