Nicaragua en "el peor contexto de la historia" para el ejercicio del periodismo, dice informe

Nicaragua en «el peor contexto de la historia» para el ejercicio del periodismo, dice informe

Un informe sobre la libertad de prensa en Nicaragua documentó 80 violaciones a la libertad de expresión en agosto pasado, en un persistente ataque a la prensa independiente que incluye asalto policial al diario La Prensa, hostigamiento judicial y persecución a periodistas en manos del régimen de Daniel Ortega, en lo que constituye «el peor contexto de la historia para el ejercicio del periodismo».

Según el documento, elaborado por el diario La Prensa y difundido recientemente, ese mismo mes, el atentado fue perpetrado contra las instalaciones de este diario, el decano del periodismo nacional con sus 95 años de historia, cuyos directores hacen que l ‘sea investigado por presuntas delitos de blanqueo de capitales y fraude aduanero.

Es decir, en un mes, el régimen de Daniel Ortega perpetró más de dos violaciones diarias a la libertad de expresión en Nicaragua. Desde 2018, cuando reprimió con dureza las protestas ciudadanas en su contra, matando al menos a 328, el Ejecutivo lanzó una cruzada contra el periodismo crítico y también confiscó las instalaciones de CONFIDENCIAL y 100% Novedades.

El informe llega tres meses después de que Ortega, manipulando las instituciones estatales, iniciara la escalada represiva que ha mantenido en prisión a 36 líderes de la oposición, incluidos siete candidatos presidenciales desde fines de mayo.

En este grupo de presos políticos se encuentran periodistas, funcionarios cívicos, estudiantes y líderes opositores, cuyos familiares han denunciado juicios falsificados y la negación de sus derechos en procesos caracterizados por audiencias irregulares, sin que sus abogados defensores tengan acceso a expedientes, mientras que los detenidos se encuentran aislados y sometido a violaciones de derechos humanos.

El informe titulado «Agresiones a la libertad de prensa» registra el encarcelamiento del director de La Prensa, Juan Lorenzo Holmann Chamorro, quien está siendo demandado por el Estado por presunto lavado de activos, juicio promovido por el gobernador el mismo día en que patrullas policiales incautaron el local del diario que denunció, antes del operativo, el bloqueo de el papel de la Dirección General de Aduanas.

Con Holmann, como con el resto de opositores, Ortega ha adelantado la condena en sus discursos públicos, apuntándolos como un instrumento de intervencionismo y acusándolos de prestarse a los intereses del imperialismo para derrocarlo.

El caudillo sandinista argumenta el derecho a la soberanía y autodeterminación, se niega a responder por las violaciones a derechos humanos cometidas masivamente desde 2018 y empuja una serie de juicios contra opositores bajo la tesis de que fue objeto de un intento de golpe de Estado financiado por Estados Unidos.

“Se han documentado 80 casos de violaciones a la libertad de prensa; 58 fueron perpetrados contra los medios de comunicación (72,5%) y 22 contra personas físicas (27,5%) ”, explica el documento.

El documento elaborado por La Prensa sigue la misma metodología que los profesionales de la desaparecida Fundación Violeta Barrios de Chamorro llevaron a cabo con rigor hasta el pasado mes de abril, para documentar trimestralmente los abusos cometidos por Ortega entre 2017 y 2021, en materia de libertad de prensa.

La Fundación, cuyo principal objetivo era defender la libertad de prensa, cerró sus puertas tras la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros, que criminalizaba el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil. El régimen acusa a la Fundación de blanqueo de capitales, señalando en particular a la ex presidenta de la misma Cristiana Chamorro, también candidata presidencial, actualmente bajo arresto domiciliario; y otros tres trabajadores detenidos en las cárceles «El Nuevo Chipote». Todos están en la lista de más de 150 presos políticos, cuya liberación es exigida por organizaciones de derechos humanos locales e internacionales y países de la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, entre otros.

158 periodistas interrogados por la fiscalía

La conclusión del informe es clara, describiendo los tiempos tristes del periodismo nacional, en los que los agresores, en la mayoría de los casos, son agentes del Estado, una constante en los últimos ocho meses.

Pero, además, mencionan que 158 periodistas fueron citados en el caso de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Solo en agosto, 10 comunicadores fueron estigmatizados durante los interrogatorios llevados a cabo por la fiscalía controlada por el régimen de Ortega.

“En este momento, nos enfrentamos al peor contexto de la historia de Nicaragua para ejercer el periodismo. Con el allanamiento y el cierre de las instalaciones de La Prensa, el régimen sandinista superó con gran ventaja a la dictadura de Somoza, y se superó a sí mismo; porque las dos dictaduras (la de Somoza y la primera sandinista de los 80) fueron crueles, privadas de derechos humanos, alérgicas a la libertad de expresión y de prensa, y todo eso implica la difusión del pensamiento y las ideas libres ”, compararon.

Si bien se reconoce que el 91 por ciento de los casos de violaciones a la libertad de prensa ocurrieron en Managua, se concentran en los que ocurrieron en el Caribe nicaragüense y en Estelí, que son objeto de preocupación.

“Por quinto mes consecutivo, la secretaria de prensa de Radio La Costeñísima, la periodista Kalúa Salazar, es víctima de un asedio maníaco por parte de las autoridades policiales de Bluefields, quienes en tres ocasiones en el mes llegaron a asediar su casita. la noche ”, añaden.

Evocan la autocensura

La autocensura es otro de los efectos del atentado de Ortega y se registra en el informe. Sitúan el caso de Radio Corporación, donde se emitieron Confidencial Radio y Onda Local, que fueron suspendidos luego de investigaciones estatales contra los directivos de los dos medios, en un intento del régimen por criminalizar el periodismo.

«Estamos suspendiendo los programas de personas que son objeto de una investigación por parte del Ministerio Público, eso es todo (…) nosotros, la Dirección, estamos obligados a cerrar temporalmente mientras esto se fije a nivel de Justicia, porque nosotros No quiero arriesgarlos apagando la radio, hay 50 trabajadores que dependen de ella ”, aseguró Alfonso Baldioceda, responsable de prensa de Radio Corporación.

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