worst historical context to exercise journalism

Nicaragua enfrenta el «peor contexto histórico» para el ejercicio del periodismo

Un informe sobre la libertad de prensa en Nicaragua documentó 80 violaciones a la libertad de expresión solo en agosto de 2021, en un persistente ataque a la prensa independiente que incluye asalto policial al diario La Prensa, hostigamiento judicial y persecución a periodistas a manos del régimen de Ortega. , en lo que constituye «el peor contexto histórico para el ejercicio del periodismo».

Según el documento, elaborado por La Prensa y difundido recientemente, ese mes se llevó a cabo el atentado contra las instalaciones del diario, el decano del periodismo nacional con sus 95 años de historia, cuyos directores son objeto de ‘una investigación por fabricados delitos de dinero. blanqueo de capitales y fraude aduanero.

Es decir, en un mes, el régimen de Ortega perpetró más de dos violaciones diarias a la libertad de expresión en Nicaragua. Desde 2018, cuando reprimió duramente las protestas ciudadanas en su contra, matando al menos a 328 personas, el Ejecutivo ha lanzado una cruzada contra el periodismo crítico y también ha confiscado los locales de Confidencial y 100% Noticias.

El informe llega tres meses después de que Ortega y las instituciones subordinadas a él iniciaran la escalada represiva que ha mantenido en prisión a 36 líderes de la oposición, incluidos siete candidatos presidenciales desde fines de mayo.

En este grupo de presos políticos se encuentran periodistas, funcionarios cívicos, estudiantes y líderes opositores, cuyos familiares han denunciado acusaciones inventadas y la negación de sus derechos en procesos caracterizados por audiencias irregulares, sin que sus abogados defensores tengan acceso a los expedientes, mientras que el los detenidos están aislados y sometidos a violaciones de derechos humanos.

El informe titulado «Violaciones a la libertad de prensa» registra el encarcelamiento del gerente general de La Prensa, Juan Lorenzo Holmann Chamorro, quien está siendo demandado por el Estado por presunto lavado de activos, caso que Ortega ha promovido el mismo día en que las patrullas de la policía se hicieron cargo. instalaciones de registro. El día anterior al operativo policial, La Prensa denunció la retención de su papel por parte de la Aduana.

Con Holmann, como con otros opositores, Ortega ha adelantado una condena en sus discursos públicos, calificándolos de instrumentos de intervencionismo y acusándolos de prestarse a los intereses del imperialismo para derrocarlo.

El hombre fuerte aboga por el derecho a la soberanía y la autodeterminación, se niega a responder por las violaciones de derechos humanos cometidas de manera masiva desde 2018 y ordena una serie de juicios contra opositores con el pretexto de que ha sido objeto de ‘un intento golpe financiado por los Estados Unidos.

“Se han documentado 80 casos de libertad de prensa; 58 fueron perpetrados contra medios de comunicación (72,5%) y 22 contra particulares (27,5%) ”, explica el documento.

Le document produit par La Prensa suit la même méthodologie que les professionnels de la Fondation Violeta Barrios de Chamorro, disparue, ont rigoureusement menée jusqu’en avril dernier, pour documenter trimestriellement les abus commis par Ortega entre 2017 et 2021, en matière de liberté de Prensa.

La Fundación, cuyo principal objetivo era defender la libertad de prensa, cerró sus puertas tras la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros, que criminalizaba el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil. El régimen acusa a la Fundación de lavado de activos, señalando en particular a su ex presidenta Cristiana Chamorro, también candidata presidencial, actualmente incomunicada y bajo arresto domiciliario; y otros tres trabajadores detenidos en las celdas de «El Chipote». Todos están en la lista de más de 150 presos políticos, cuya liberación es exigida por organizaciones de derechos humanos locales e internacionales y países de la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, entre otros.

Más de 50 periodistas interrogados por fiscales

La conclusión del informe es clara cuando describe el lamentable período del periodismo nacional, en el que los abusadores, en la mayoría de los casos, son agentes del Estado, factor constante en los últimos ocho meses.

Pero, además, menciona que 57 periodistas fueron detenidos en el caso de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Solo en agosto, 10 comunicadores fueron estigmatizados durante los interrogatorios llevados a cabo por la fiscalía controlada por el régimen de Ortega.

“En este momento, nos enfrentamos al peor contexto histórico de la historia de Nicaragua para ejercer el periodismo. Con el allanamiento y el cierre de las instalaciones de La Prensa, el régimen sandinista superó claramente a la dictadura de Somoza y se superó a sí mismo. Las dos dictaduras (la de Somoza y la primera sandinista de los 80) fueron crueles, violaron los derechos humanos, suprimieron la libertad de expresión y de prensa, y todo lo que implique la difusión de pensamientos e ideas. ‘Ideas libres’, apuntó.

Si bien se reconoce que el 91 por ciento de los casos de violaciones a la libertad de prensa ocurrieron en Managua, se concentran en los ocurridos en la costa caribeña de Nicaragua y en Estelí, que son motivo de preocupación.

“Por quinto mes consecutivo, la secretaria de prensa de Radio La Costenísima, la periodista Kalua Salazar, ha sido víctima de un acoso obsesivo por parte de las autoridades policiales de Bluefields, quienes en tres ocasiones este mes vinieron a asediar su casa en las primeras horas de la noche. . Él añade.

Destacan la autocensura

La autocensura es otro de los efectos de la represión de Ortega que se describe en el informe. Enumeran el caso de Radio Corporación, donde se transmitieron Confidencial Radio y Onda Local, suspendido luego de investigaciones estatales contra los directores de los dos medios, en un intento del régimen por criminalizar el ejercicio del periodismo.

“Estamos suspendiendo los programas de los investigados por la fiscalía. Es todo (…). Nosotros, la dirección, estamos obligados a suspenderlos temporalmente mientras esto se resuelva a nivel de Justicia, porque no queremos arriesgarnos al cierre de la radio. Hay 50 trabajadores que dependen de ella ”, aseguró Alfonso Baldioceda, director de prensa de Radio Corporación.

Este artículo fue publicado originalmente en español en Confidencial y traducido por Havana Times.

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