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Nicaragua: orden de captura contra ambientalista Amaru Ruiz

El miércoles 8 de septiembre, la Fiscalía nicaragüense acusó al ambientalista Amaru Ruiz Alemán por el presunto delito de «difundir noticias falsas utilizando tecnologías de la información y la comunicación». Ruiz es el primer nicaragüense en ser acusado por este delito específico, y el tercero en ser acusado bajo la Ley 1042, la Ley Especial de Delitos Cibernéticos. Esta ley formaba parte de una serie de leyes represivas que el FSLN había aprobado por la Asamblea Nacional en diciembre de 2020.

Ruiz, que se encuentra en el exilio y por lo tanto fuera del alcance del régimen, es un ambientalista nicaragüense con una larga trayectoria de activismo. Criticó duramente a Daniel Ortega y fue presidente de la “Fundación River”, una de las ONG cuya autorización legal para operar fue repentinamente revocada por el régimen de Ortega en abril de 2018. La Fundación River fue una de las primeras organizaciones en difundir el alerta sobre el enorme incendio forestal de 2018 en la reserva biológica Indio-Maiz.

Según la fiscalía, Ruiz ofreció «información falsa sobre hechos ocurridos en las décadas de 2020 y 2021. Los hechos mencionados ocurrieron en comunidades de la costa norte del Caribe, donde fueron asesinados 13 indígenas». Según los informes, Ruiz publicó: «El estado y sus instituciones han descuidado deliberadamente su deber de investigar estos crímenes». Los funcionarios, sin embargo, negaron la acusación y dijeron que «actualmente hay acciones legales» contra los presuntos perpetradores. Hasta esa fecha, dichos procesos judiciales no eran de conocimiento público.

La fiscalía reclamó la detención del ambientalista y lo acusó de «intentar crear un clima de inestabilidad e inseguridad que atenta contra la soberanía nacional». Esta acusación también está relacionada con la masacre de agosto de 13 indígenas en la comunidad de las colinas conocida como Kiwakumbaih. Según el fiscal, el hecho se encuentra bajo investigación.

El 2 de septiembre, la fiscalía comenzó por primera vez a hacer cumplir la “Ley de Delitos Cibernéticos”. Acusaron a dos clientes de una entidad financiera por los delitos de: «liberación no autorizada [of information]; acceso ilícito a datos o programas informáticos; y divulgación de datos informáticos ”, según el diario en línea La Prensa.

Varios otros periodistas entrevistados por el fiscal señalaron que durante su interrogatorio los fiscales los amenazaron con esta ley.

Líderes de la oposición llevados ante la justicia

Además de los cargos en contra de Amaru Ruiz, los presos políticos Jaime Arellano, Francisco Aguirre Sacasa y Mauricio Díaz fueron devueltos en espera de juicio luego de una primera audiencia celebrada en el mismo centro penitenciario de “Nuevo Chipote” donde estaban encerrados la mayor parte de la reciente ola de presos políticos. . en alto. Esto estaba en contradicción con la ley nicaragüense, que exige que tales audiencias se celebren en un tribunal local.

Arrellano, Aguirre y Díaz se encuentran procesados ​​por el presunto delito de “conspiración para atentar contra la integridad nacional”, de conformidad con los artículos 410 y 412 del Código Penal de Nicaragua, por daño a la sociedad nicaragüense y al Estado.

Un juez no identificado confirmó la orden de prisión preventiva de Mauricio Díaz y Francisco Aguirre, mientras que a Jaime Arellano se le ordenó permanecer bajo arresto domiciliario.

A partir de mayo, el régimen intensificó su persecución a líderes opositores y periodistas independientes. En el espacio de cuatro meses, 36 personas fueron arrestadas. Treinta y uno de ellos han sido imputados formalmente por los presuntos delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, tenencia ilegal de armas y difusión de noticias falsas.

Otros ocho profesionales independientes también han sido acusados ​​pero no se encuentran en el país. El régimen ahora considera a estas personas prófugas de la justicia.

Este artículo fue publicado originalmente en español en Confidencial y traducido por Havana Times.

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