Ortega desafía a tribunal de la CIDH al no liberar a 21 presos políticos, dice tribunal
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró «indignante» al Estado de Nicaragua por negarse a cumplir con las medidas provisionales de este tribunal a favor de 21 presos políticos y advirtió que someterá la decisión de Nicaragua a la General Asamblea de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
A juicio de la Corte, “la posición adoptada por Nicaragua de que no está dispuesta a cumplir con la orden de la Corte constituye un acto de manifiesto desacato a las decisiones de esta Corte, contrario al principio internacional que exige que el Estado cumpla en buena fe con sus obligaciones contractuales, así como la omisión de informar a este tribunal ”, indica la sentencia.
En las sentencias judiciales de 24 de junio, 9 de septiembre y 4 de noviembre de 2021, el tribunal otorgó medidas cautelares y ordenó la liberación de los presos políticos: Juan Sebastián Chamorro, José Adán Aguerri, Félix Maradiaga, Lesther Alemán, Freddy Navas, Pedro Joaquín Chamorro, Walter Gómez, Marcos Fletes, Pedro Vásquez, Arturo Cruz, Luis Rivas, Miguel Mora, Hugo Torres, Víctor Hugo Tinoco, José Pallais, Violeta Granera, Tamara Dávila, Cristiana Chamorro, Dora María Téllez, Ana Margarita Vijil y Suyen Barahona. Pero el estado de Nicaragua los ignoró.
El concepto de garantía colectiva
En su resolución, la Corte Interamericana indica que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 65 de la Convención Americana, que establece un sistema de garantía colectiva para asegurar el cumplimiento de las decisiones de la Corte Interamericana, “esta Corte debe Presentar a la Asamblea General de la OEA el desprecio de Nicaragua por sus decisiones. «
Asimismo, el órgano regional cita el artículo 30 del Estatuto de la Corte Interamericana, que en el referido informe señala “indicará los casos en que un Estado haya incumplido sus decisiones”.
Según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), el incumplimiento de Nicaragua es un acto inédito y “significa que ante el incumplimiento del Estado de Nicaragua de la resolución de la Corte Interamericana, la OEA General La propia Asamblea tendrá que intervenir y obligarlos a cumplir.
“Para el CENIDH, esta resolución muestra el compromiso de las agencias del sistema interamericano con la protección de los derechos humanos de los nicaragüenses víctimas del régimen Ortega-Murillo”, dijo la organización.
El 19 de noviembre, el régimen de Daniel Ortega denunció la Carta de la OEA, iniciando su salida de la organización en un proceso que puede demorar hasta dos años.
Los beneficiarios de las medidas
Entre los 21 presos políticos que el régimen de Ortega se niega a liberar se encuentran candidatos presidenciales, dirigentes sindicales, periodistas y empresarios, quienes fueron capturados en una ola de represión en el marco del proceso electoral nicaragüense que comenzó a fines de mayo y continúa.
Se informó a la Corte que los beneficiarios de las medidas cautelares permanecían detenidos y habían sido acusados formalmente. La imputación contra cada uno de ellos se fundamenta en la presunta comisión del delito de «conspiración para lesionar la integridad nacional» en perjuicio de la sociedad nicaragüense y del Estado de Nicaragua, establecido en los artículos 410 y 412 del Código Penal.
Las condiciones de detención de los beneficiarios son extremas y vulneran sus derechos. Todos ellos sufrieron un grave deterioro físico, marcado por una importante pérdida de peso y la manifestación de otros problemas de salud ”, explica el informe.
Este artículo fue publicado originalmente en español en Confidencial y traducido por Havana Times.
