Ortega suspende juicios políticos de opositores
Los jueces encargados de los casos contra una treintena de presos políticos han dejado de fijar las fechas de sus juicios. Escondidos detrás de argumentos de “sobrecarga de trabajo” o “fuerza mayor”, suspendieron los límites impuestos por la ley y dijeron que notificarían a las partes mediante citación. Los expertos legales ven estas situaciones como un «truco legal sucio» para extender el período de arresto de los opositores al régimen de Ortega-Murillo.
De los 39 presos políticos que el régimen ha capturado desde finales de mayo como parte del proceso electoral, 35 ya han sido imputados por los presuntos delitos de asociación ilícita y lavado de activos, casos que se enmarcan en procedimientos complejos, según el artículo 135. del Código Penal. Esto implica que los juicios podrían durar hasta 12 meses, comenzando con la primera audiencia celebrada en la primera semana de septiembre, cuando algunos de los presos cumplieron 90 días de detención.
Un familiar de un preso político, que solicitó el anonimato por temor a represalias contra él o un familiar detenido, dijo que «ninguno de los casos tiene fecha de juicio», por lo que su valoración es que «se encuentran detenidos en un limbo «, ya que ya no están en el proceso de audiencia, pero sus casos están bloqueados en los tribunales.
Confidencial ha confirmado que los casos contra los presos políticos Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga, Arturo Cruz, José Adán Aguerri, Violeta Granera, José Pallais y Tamara Dávila, se encuentran ante el Juzgado Quinto Penal de Managua, pero el cargo de la máxima demora debido a la el juicio fue interrumpido.
Asimismo, en el Juzgado Noveno del Distrito Penal de Managua se suspende el plazo para la celebración del juicio contra los presos políticos Cristiana Chamorro Barrios, Walter Gómez, Marcos Fletes, Pedro Vásquez y Pedro Joaquín Chamorro Barrios.
«Carga de trabajo excesiva»
Gerardo González, abogado defensor del periodista Miguel Mora, dijo a 100% Noticias que la jueza Nadia Camila Tardencilla, del Juzgado Segundo de lo Penal de Managua, había suspendido el cargo mientras se desarrollaba el juicio, alegando una «carga de trabajo excesiva».
“La jueza dijo que su carga de trabajo y la posibilidad de que le sean encomendados otros casos es un elemento de fuerza mayor, por lo que interrumpió el conteo por tiempo indefinido. Es decir, (el preso político) puede estar encerrado por tres años y ese período no se tomará en cuenta ”, explicó González.
Un perito legal, que pidió que se omitiera su nombre, explicó que «en teoría» la fecha de los juicios se fija en la fase de audiencia inicial. Una vez que los casos se asignan a un tribunal de primera instancia, “el juez debe hacer dos cosas: confirmar la fecha establecida por el juez de la corte o establecer una nueva fecha; sin embargo, «suspendieron los plazos del juicio».
Esto significa que los plazos no avanzan, y la fecha del juicio se pospone sin que caduque la duración máxima del proceso, que podría llegar a durar hasta 12 meses desde la primera audiencia ”, subrayó el experto. .
«Para los presos políticos, esta es una violación más, porque tal situación viola los principios constitucionales y universales del debido proceso, como la celeridad del procedimiento, para obtener una resolución lo antes posible», comentó.
Este artículo fue publicado originalmente en español en Confidencial y traducido por Havana Times.
