El 27 de agosto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos celebró una audiencia para discutir la situación de los presos de conciencia nicaragüenses que anteriormente se habían beneficiado de las medidas de protección de la corte. La ausencia del representante del gobierno de Nicaragua en esta audiencia no sorprendió a nadie. Sin embargo – ¿Cuál fue la relación entre la audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el hecho de que el régimen de Ortega-Murillo posteriormente permitió a los presos políticos una visita familiar muy breve?
Durante la audiencia, el tribunal exigió pruebas de que los presos políticos seguían vivos. No creo que el régimen tuviera ningún interés en presentar tal evidencia permitiendo a los presos visitas breves, después de meses de total aislamiento e incertidumbre. Sin embargo, creo que estas visitas obedecen a la determinación formal de que el Estado tiene responsabilidad internacional por sus acciones.
La detención y encubrimiento de estos ciudadanos fue seguida por la remoción de las medidas de protección legal que impidieron cualquier confirmación de la integridad física y el estado de salud de los detenidos. Además, se les privó de sus derechos al debido proceso, comenzando por el derecho a la defensa. Todo esto, visto a través del prisma de las normas internacionales de derechos humanos, constituye una desaparición forzada.
En otras palabras: si el régimen Ortega-Murillo mantuvo la detención y el aislamiento de los presos, la Corte Interamericana estaba en una vía rápida para determinar que Nicaragua es internacionalmente responsable por desapariciones forzadas. Conseguir que la comunidad y los organismos internacionales expresen su preocupación por la situación de los derechos humanos en Nicaragua no es lo mismo que pedir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que declare oficialmente al país responsable de las desapariciones forzadas. Esto último tendría un impacto sustancial en la imagen internacional del régimen.
Me temo que fue este tipo de pragmatismo, que caracterizó al régimen de Ortega-Murillo, el que abrió el camino para las visitas de los presos, y no la benevolencia del gobierno.
Dicho esto, surge una pregunta válida. ¿Estas personas ya no son consideradas víctimas de desaparición forzada, dado que han recibido visitas de familiares? Sin duda, la respuesta genera un desafío para la jurisprudencia de la Corte Interamericana, con dos escenarios a considerar.
En primer lugar, podrían reafirmar los criterios establecidos, que sustentan la existencia de una desaparición forzada mientras persista la detención y encubrimiento de personas. Es decir, solo si el crimen continúa.
En un segundo escenario posible, la Corte Interamericana podría ampliar la protección del derecho de las personas a ser protegidas contra la desaparición forzada. A pesar del útil efecto de la breve visita, que redujo la ansiedad de las familias, persiste la supresión de las medidas legales para proteger a los detenidos. Esta eliminación de las salvaguardias es el objetivo último del encubrimiento y, por tanto, de la desaparición forzada.
Si bien la breve visita familiar tuvo un impacto emocional positivo en los familiares y en los propios presos, no cambia el hecho de que continúan las violaciones al debido proceso, incluido su derecho a la defensa. Tampoco cambia el hecho de que no han sido evaluados por patólogos forenses y psicólogos para determinar si han sido torturados. Independientemente de si la Corte Interamericana finalmente determina que la desaparición forzada terminó cuando el régimen dio prueba de vida; o si determinan que esta definición sigue vigente debido a la supresión de las medidas de protección legal, la conducta del régimen representa no solo una grave violación de los derechos humanos, sino también un crimen de lesa humanidad.
Es un crimen de lesa humanidad porque las detenciones se basan en leyes que violan la Constitución de Nicaragua y los compromisos internacionales de derechos humanos del país. Las detenciones se llevan a cabo en contra de estas normas, y el Ministerio del Interior se ha convertido en un instrumento de ello, junto con la Policía y el Poder Judicial. En resumen, todos estos factores constituyen el contexto fundamental de los crímenes de lesa humanidad. En la política de persecución que ha puesto en marcha el régimen contra la oposición, vemos que hay encarcelamientos o privaciones graves de libertad. Esto viola las normas internacionales de derechos humanos. De acuerdo con lo establecido en el artículo 7, párrafo 1, letra e.) De los Estatutos de Roma, corresponde a la definición de crimen de lesa humanidad.
En conclusión, el legado criminal del régimen Ortega-Murillo incluirá la desaparición forzada de personas, ya sea por el período en el que arrestaron y ocultaron a estas personas, o porque la Corte Interamericana está ampliando el estándar de protección contra las desapariciones forzadas. para incluir la eliminación persistente de las salvaguardias legales.
En cualquier caso, esta desaparición forzada será considerada un crimen de lesa humanidad, acreditado como tal como parte de su orquesta a través de instituciones controladas por el régimen. Suponiendo que la Corte Interamericana no considere la remoción de las medidas de protección legal como causa para determinar el enjuiciamiento de la desaparición forzada, debería entonces dictar que la responsabilidad del Estado por el encarcelamiento o privación severa de libertad corresponde a la definición de delito contra humanidad.
Este artículo fue publicado originalmente en español en Confidencial y traducido por Havana Times.
