Presupuesto, comentarios
En cuanto al tema del presupuesto general de ingresos y gastos del Estado (el presupuesto), existen diferentes niveles de atención. De manera más general, la cuestión fundamental, debatida en la teoría política durante 150 años, es saber cuáles son los objetivos del Estado. Esto, por el momento, ya está definido en la Constitución, aunque a un nivel bastante amplio de generalidad. Entonces, por ejemplo, ¿qué significa concretamente que el estado garantizará la salud de todos los habitantes? (Art. 94)
Bajando a un nivel más concreto, debido a dos factores bastante discutibles, entre la Constitución y determinadas leyes de diversa índole, el Presupuesto ha sido preasignado para diversos fines. Dos casos bastante notorios son los de la Universidad de San Carlos de Guatemala y los deportivos. El primero recibe el cinco por ciento del presupuesto y el segundo el tres. Cada uno de los dos destinos tiene una dotación mayor, por ejemplo, que la correspondiente al Poder Judicial.
Después de cubrir todas estas provisiones constitucionales y legales, de atender el servicio de la deuda estatal y los llamados «gastos operativos», solo el quince por ciento restante del presupuesto se destina a lo que se ha llamado «Inversión» que el dedicado a la recuperación. de la deuda pública).
Sin embargo, junto al problema de compartir el «pastel», está el de «la calidad del gasto». Dado, por ejemplo, que más de la mitad del presupuesto se destina a la remuneración de los funcionarios y empleados públicos, por ser su desempeño improductivo o responder a negociaciones entre políticos y dirigentes sindicales, en esta medida los impuestos que pagan los contribuyentes se destinan a el financiamiento de actividades que vayan en contra del desarrollo del país.
Una de las características distintivas de un régimen político disfuncional es que la mayoría de los ingresos estatales se desperdician de esta manera. En definitiva, es un régimen con pocos recursos que, además, están mal gastados y asignados en un orden de prioridades que carece de racionalidad económica.
Sólo dos ejemplos pueden mencionarse de pasada para ilustrar esta afirmación, a saber: las primeras letras y la seguridad y la justicia. En un país donde la calidad de la educación primaria es tan baja y, especialmente en las regiones predominantemente rurales, tan precaria, ¿a qué sector de la población se le debe dar mayor prioridad? ¿Niños pertenecientes a familias en situación de pobreza o pobreza extrema o jóvenes de clase media que aspiran a convertirse en profesionales liberales? ¿Qué tipo de inversión es más probable que se desarrolle: una educación primaria más amplia y mejor o el subsidio estatal para las profesiones liberales?
Por otro lado, ¿qué merece una mayor dotación de recursos, las federaciones deportivas o las fuerzas de seguridad civil y los órganos judiciales? ¿Qué puede influir más en una sociedad más productiva? ¿Qué necesitan las PYME, más deportistas o más agentes de la ley para reprimir la extorsión y otros delitos? Y, teniendo claro que las oportunidades económicas requieren más y mejores inversiones, ¿qué buscan los inversores para traer su capital a este país, más deportistas o más seguridad jurídica? ¿De quién depende principalmente la seguridad jurídica del estado de derecho? ¿No son jueces? ¿Por qué no invertir en financiar una carrera judicial que garantice su independencia?