¿Qué hacer con los no vacunados?

¿Qué hacer con los no vacunados?

Cuando Europa comenzó a enfrentar la cuarta ola de la pandemia, Omicrón sacudió a todo el planeta. Esta nueva variante del SARS-CoV-2, identificada a principios de noviembre en Botswana, disparó rápidamente las alarmas en varios países, algunos de los cuales ya han detectado su presencia. Por esta razón, algunos ya han impuesto restricciones de viaje y cierres de fronteras, como Estados Unidos, Israel y Japón.

Esta nueva cepa, cuyas características preocupan a la comunidad científica, ha calentado aún más las mentes del mundo frente a la cuarta ola de covid-19. Austria, por ejemplo, ya había anunciado un regreso a la contención total y la vacunación obligatoria, así como Alemania, donde el gobierno había endurecido las medidas y limitado el acceso a los espacios públicos a las personas no vacunadas.

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS) llama la atención que la nueva variante haya aparecido en una zona donde la vacunación anticovídica es muy baja, ya que apenas llega al 25 por ciento de la población. Esto muestra la urgencia de vacunar al mayor número posible de personas, porque las infecciones posibilitan las mutaciones. Esto no solo significa distribuir mejor las vacunas, sino también lograr que las personas acepten recibirlas. Además, recomienda que los gobiernos tomen decisiones basadas en evidencia científica, argumentando que aún se sabe muy poco sobre esta mutación.

Por ahora, en Estados Unidos, el debate también está acalorado. El gobierno federal de EE. UU., Por ejemplo, exige que las empresas del sector privado con 100 empleados o más exijan que sus empleados se vacunen o se hagan pruebas semanalmente. En Perú, desde el 15 de diciembre, los mayores de 18 años deben presentar cartilla de vacunación para acceder a locales cerrados. Y, a partir de esa fecha, «cualquier empresa con más de diez (10) trabajadores sólo podrá operar presencialmente si todos sus trabajadores certifican su dosis completa de vacunación».

Colombia, por decreto del 3 de noviembre, exige la presentación del cartilla de vacunación a personas mayores de 12 años para participar en eventos presenciales de carácter público o privado, bares, restaurantes, cines, discotecas, pabellones deportivos, parques. atracciones, etc.

En Costa Rica, el presidente hizo obligatoria la vacunación para los trabajadores del sector público, con implicaciones para el sector privado. Destaca que «corresponderá al empleador tomar las medidas correspondientes de acuerdo con la legislación y normativa institucional del país, en el caso de trabajadores que no deseen ser vacunados». La firma de economía digital ECIJA, tras analizar estas medidas, recuerda que los trabajadores podrían ser objeto de «despidos sin responsabilidad patronal», en base al Código de Trabajo.

Ante este escenario, el debate entre quienes defienden la autonomía individual frente a la vacuna y quienes defienden que todos deberían vacunarse, les guste o no, ha cobrado aún más fuerza. Para el Dr. Gonzalo Valdivia, titular de la división de Salud Pública y Medicina Familiar de la Pontificia Universidad Católica de Chile, la obligación debe ser un recurso de “última línea”, porque hacerlo sin un acuerdo social puede resultar contraproducente.

Acceda ahora, en un informe titulado Protocolo de exclusión: por qué los «pasaportes» de la vacuna Covid-19 amenazan los derechos humanos, señala que medidas como la exigencia de certificados de vacunación digitales crean «un espacio para que florezca la exclusión y la discriminación y planteen graves amenazas a largo plazo para la privacidad y seguridad de millones de personas en el mundo». Al presentar el documento antes mencionado, Carolyn Tackett, subdirector de promoción de la organización, dice que «los gobiernos de todo el mundo se están apresurando a implementar nuevas tecnologías como una solución general para volver a la normalidad después de una pandemia». Pero en su apuro, muchos descartaron o ignoraron los riesgos de estas herramientas de seguimiento rápido, incluidos los certificados de vacunación digitales. «

En las conclusiones, el informe Access Now afirma que “los certificados digitales de vacunación pueden promover la exclusión de las poblaciones más vulnerables, aumentar los riesgos de seguridad al integrar y procesar información en bases de datos centralizadas y, en última instancia, vulnerar las libertades fundamentales y la autonomía de quienes las padecen. de eso. el más «.

Ricardo Baruch Domínguez, activista e investigador en derechos humanos y temas de salud, cree que «estas medidas deben estar vinculadas no a una demanda, sino a una fuerte invitación» a llevarse a cabo. Para él, los estados deberían apostar a que las comunidades tengan una mejor educación sanitaria. “Hay una violación de los derechos humanos cuando se vuelve obligatoria; más bien, en lo que se debe apostar es en la promoción y prevención de la salud ”, dijo. Conecta. La situación se vuelve delicada en una región donde un alto porcentaje de la población aún no tiene acceso a la vacunación.

Según datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en las Américas, más de 568 millones de personas ya cuentan con un programa integral de inmunización. Estados Unidos encabeza la lista de vacunas aplicadas, seguido de Brasil, México, Argentina y Canadá. Según la OPS, 20 países ya cuentan con más del 40 por ciento de la población protegida, pero aún quedan seis que ni siquiera han llegado al 20 por ciento de la población vacunada; Estos son Guatemala, Jamaica, San Vicente, las Granadinas, Nicaragua y Haití.

En el artículo «Trabajo y vacunación, un respeto emergente a los derechos», los académicos Gabriela Serrano y Felipe Garcés escriben que estamos ante «un conflicto ético», porque en las democracias el derecho a la intimidad y a decidir sobre su propio cuerpo es fundamental. Para estos científicos, «nadie puede ser obligado a vacunarse, y mucho menos despedirlo […] hacerlo daría lugar a una discriminación basada en el estado de salud de la persona, lo que viola los tratados internacionales de derechos humanos ”. Concluyen que es un derecho humano aplicar la vacuna y no hacerlo; por tanto, «sobre la base del ejercicio de esta libertad, no se debe negar el derecho al trabajo decente».

Por su parte, el doctor José Ramón Orrantia Cavazos, investigador postdoctoral del Programa de Bioética Universitaria de la UNAM, que estudia la insuficiencia de la narrativa de la posverdad para abordar el problema de los grupos antivacunas, recomienda hacer una clara distinción entre las formas de ‘ obligación. Por un lado, está lo que él llama «vacunación forzada», que utiliza la fuerza pública para vacunar a las personas, y por otro, «vacunación obligatoria», que utiliza la coacción legal para obligar a las personas a vacunarse.

Respecto a la vacunación forzada, Orrantia Cavazos menciona que en las campañas de la OMS contra la viruela en India y Bangladesh, la vacunación fue considerada un acto colonialista. Respecto al segundo tipo, el obligatorio, dijo Conecta que el conflicto es que estas medidas «generan mucha resistencia y que la resistencia se convierte en un problema político y no médico».

¿Qué hacer, entonces, con los que no quieren vacunarse? «Es un gran problema», admite Orrantia Cavazos. “Países como Francia, Estados Unidos, Alemania o España tienen grandes movimientos antivacunas organizados y campañas contra la vacunación. Son un gran dilema porque difunden mala información, porque muchas de las razones por las que no quieren vacunarse se basan en creencias religiosas, políticas o sociales; lo que buscan es una justificación científica y, al hacerlo, están promoviendo una ciencia muy mala ”.

El Dr. Gonzalo Valdivia sugiere que los países escuchen grupos antivacunas en América Latina. “Los sistemas de salud que se resisten a ello y se inclinan a no abrir un diálogo plantean un problema gratuito. Es importante avanzar hacia mejores niveles de conversación y entendimiento entre los códigos de estos grupos que parecen antagónicos, pero creo que no lo son ”.

La respuesta es educación para la salud y evitar la retórica que estigmatiza a los no vacunados, dice Baruch. Él cree que los gobiernos deben fortalecer la información sobre los beneficios de la vacuna. Hay que combatir las fake news y destacar las «debilidades argumentativas» de esta noticia transmitida por las distintas cadenas.

Le Dr Orrantia Cavazos convient avec Baruch que les mesures obligatoires devraient être assouplies, car lorsque cela se produit, «l’opposition aux vaccinations est également assouplie». De même, il souligne que le problème le plus grave n’est pas ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, mais ceux qui «ne reçoivent pas de vaccin en raison d’une distribution injuste de celui-ci dans le monde».

Les experts s’accordent à dire que, heureusement, les mouvements anti-vaccins en Amérique latine et dans les Caraïbes ne sont pas aussi importants ou aussi forts qu’en Europe. Cependant, les gouvernements doivent traiter le problème complexe des non vaccinés avec beaucoup de soin et de conscience que les mesures qu’ils prennent maintenant pourraient affecter le comportement des gens non seulement dans la pandémie actuelle, mais aussi à venir.


Chaque semaine, la plateforme de journalisme latino-américaine CONNECTAS publie une analyse de l’actualité dans les Amériques. Si vous souhaitez lire plus d’informations comme celle-ci, vous pouvez entrer ce lien.

* Membre du comité éditorial de CONNECTAS

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *