¿Qué representan y a quién representan? – Prensa Libre
Si uno se pregunta qué representan y a quién representan los miembros de la multitud que intentaron derribar la estatua de Cristóbal Colón y destrozaron la de José María Reyna Barrios el martes, la respuesta es, me parece, bastante Claire. Representan la negación de lo racional y lo razonable en la vida pública y representan a quienes han calculado que entre sus seguidores ganan más fuerza recurriendo al vandalismo que por los cauces de la lucha cívica, política o social, pero pacífica.
Creo que, en parte, por eso las autoridades nacionales y municipales decidieron no intervenir -aunque es cierto que el alcalde Quiñónez tuvo la valentía de dar la cara-; es porque calcularon que las acciones irracionales e irrazonables de estos manifestantes serían condenadas por todos aquellos que no pertenecen al grupo de seguidores de los manifestantes violentos. Parece que sintieron que tenían menos que perder soportando las críticas del público en general por haber permitido la destrucción de parte del patrimonio histórico cultural de Guatemala que por haber recurrido a la fuerza pública para mantener el orden público y proteger dicho patrimonio.
En otras palabras, parece que las autoridades sintieron que la indignación pública ante estas demostraciones de irracionalidad lacerada superaría la indignación causada por su inacción, si no inacción incomprensible.
Por tanto, si efectivamente los organizadores de esta multitud tuvieran razón al decir que su conducta irracional e irrazonable les ganó un mayor apoyo de sus simpatizantes, y si las autoridades estatales y municipales tuvieran razón al apostar que la indignación suscitada por esta conducta sería mayor que eso. De su inacción e indiferencia ante los actos vandálicos cuando ocurrieron, entonces la población de Guatemala que vive de la ley y el respeto al orden público enfrenta una situación muy grave.
En efecto, los organizadores de la misma horda u otros que representan la irracionalidad en la vida pública (calculando que así obtienen un mayor apoyo de sus partidarios) han comprobado que, ante el dilema de actuar y asumir el costo político de aplicar la Ley de Orden Público , los poderes públicos y los funcionarios electos apuestan a que los ciudadanos se indignan más contra los irracionales que contra los poderes públicos que les dejan actuar a sus anchas.
Por supuesto, soy consciente de que, en estas circunstancias, las autoridades rara vez son objeto de críticas objetivas. Casi cualquier tipo de acción por su parte es automáticamente etiquetada como represiva, desproporcionada, antidemocrática, intimidatoria y contraria al derecho fundamental a manifestarse públicamente. Y es cierto que hay ocasiones en las que los elementos de seguridad del Estado van más allá de los límites razonables. Y no solo aquí, sino incluso en las democracias más fuertes del mundo, los prejuicios contra los gobiernos conservadores en Iberoamérica son una realidad palpable. ¿Se lo merecían? Tú eres el juez, querido lector.
Para retomar una manida reflexión en este tipo de situaciones, los grandes perdedores han sido aquellos ciudadanos que, en un marco de cosas sumamente difícil, intentan vivir dentro de los límites de una legalidad frágil y vulnerable. Ce n’est pas leur faute si les radicaux cherchent à s’ériger en juges de l’histoire ou que leurs autorités se considèrent délégitimées pour garantir leurs droits et l’ordre public ou qu’ils préfèrent ne pas supporter le coût politique d’ actuar.