Régimen acusa a Amaru Ruiz de difundir las llamadas «fake news»

Régimen acusa a Amaru Ruiz de difundir las llamadas "fake news"

La Fiscalía acusó este miércoles al ambientalista Amaru Ruiz Alemán, por el presunto delito de «difusión de noticias falsas, a través de las tecnologías de la información y la comunicación«, lo que lo convierte en el primer ciudadano imputado por esta causa, y el tercero imputado en virtud de la Ley 1042, ley especial sobre ciberdelito, vigente desde diciembre de 2020.

Ruiz es un ecologista nicaragüense desde hace mucho tiempo y un ardiente crítico del régimen de Daniel Ortega.. Es presidente de la Fundación del Río, una de las organizaciones no gubernamentales canceladas por Ortega, luego de advertir sobre el incendio en la reserva biológica Indio Maíz en abril de 2018.

Según la Fiscalía, Ruiz brindó «información falsa sobre hechos ocurridos en 2020 y 2021 en comunidades de la costa norte del Caribe, donde fueron asesinados indígenas«, ya que expresó que «el estado y sus instituciones han fallado deliberadamente en investigar estos crímenes«, y de hecho «hay un procedimiento legal« contra los presuntos autores del hecho. Hasta la fecha, este proceso judicial no ha sido de dominio público.

La fiscalía también exigió la detención del ambientalista y les señaló «pretenden crear un clima de inestabilidad e inseguridad que ponga en peligro la soberanía nacional«, en relación con la masacre de 13 indígenas en el cerro Kiwakumbaih en agosto de 2021. Según la Fiscalía, este hecho se encuentra bajo investigación.

El 2 de septiembre, la Fiscalía dictó la «Ley de ciberdelincuencia« acusando a dos clientes de una entidad financiera del delito de «divulgación no autorizada, acceso inadecuado a programas o datos informáticos y divulgación de datos informáticos«, informó el diario La Prensa

Además, varios periodistas que fueron interrogados por la fiscalía indican que los fiscales les mencionaron esta ley durante el interrogatorio.

Oponentes rllevar a jucio

Además, los presos políticos Jaime Arellano, Francisco Aguirre Sacasa y Mauricio Díaz Dávila fueron procesados ​​tras una primera audiencia celebrada en el complejo policial Evaristo Vásquez, conocido como «nueva objeción«, y no ante un tribunal local como lo exigen las leyes de la república.

Arellano, Aguirre Sacasa y Díaz Dávila, son procesados ​​por el presunto delito de «conspiración para socavar la integridad nacional«, de conformidad con los artículos 410 y 412 del Código Penal, en perjuicio de la sociedad nicaragüense y del Estado de Nicaragua.

Un juez no identificado ha confirmado la medida de prisión preventiva provisional para Díaz Dávila y Aguirre Sacasa, mientras Arellano sigue bajo arresto domiciliario.

Desde el pasado mes de mayo, el régimen ha intensificado la persecución contra opositores y profesionales independientes, durante este período, 36 personas han sido detenidas y 31 ya han sido imputadas por los presuntos delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, porte ilegal de armas y difusión de fake news.

Otros ocho profesionales independientes que hasta ahora han sido prófugos de la justicia de Ortega también han sido acusados ​​de delitos similares.