Régimen acusa a Dora María Tellez y Ana Margarita Vijil de «conspiración» en audiencia secreta
El régimen de Ortega, a través de la fiscalía, sigue aumentando las acusaciones contra los opositores. Según un comunicado de esta entidad, controlada por el régimen de Ortega, se formularon acusaciones contra los dirigentes Ana Margarita Vijil Gurdián y Dora María Téllez Argüello, pertenecientes a la organización Unamos, que es el nombre actual de lo que antes se conocía como Movimiento Rénovateur Sandiniste ( SEÑORA).
Según la Fiscalía, “se han formulado cargos por la comisión del delito de asociación ilícita para atentar contra la integridad nacional, de conformidad con los artículos 410 y 412 del Código Penal, en perjuicio de la sociedad nicaragüense y del Estado de Nicaragua. Hoy se realizaron las audiencias preliminares, la autoridad judicial admitió los dos cargos y decretó la medida cautelar de prisión preventiva para los imputados ”.
Continúan las audiencias secretas
La fiscalía sigue utilizando lo que los abogados defensores vinculados a estos casos denominan «audiencias secretas», en las que no se les permite reunirse con sus clientes ni acceder a sus expedientes.
Los casos de Vijil Gurdián y Dora María Téllez se suman a las acusaciones que ha hecho el Ministerio Público contra la ex candidata presidencial Cristiana Chamorro Barrios, en el caso de la investigación de lavado de activos contra la Fundación Violeta Barrios Chamorro (FVBCH), que se desarrolló en un proceso defectuoso.
A través del mismo caso contra Chamorro Barrios, la Fiscalía también acusó a sus hermanos Pedro Joaquín, así como a Carlos Fernando Chamorro Barrios, director de CONFIDENCIAL. El régimen acusa a este último de blanqueo de capitales, aunque no tiene vínculo económico con la FVBCH. El reportero desestimó los cargos como un intento de silenciar a la prensa independiente.
Este jueves 26 de agosto, la Fiscalía también acusó a los aspirantes a la presidencia Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Arturo Cruz Sequeira de haber cometido los delitos de «conspiración para atentar contra la integridad nacional», según un comunicado de la Fiscalía.
La difamación fue aceptada en una audiencia celebrada el jueves, a la que no tuvo acceso la prensa no oficial ni la defensa de los imputados y durante la cual también se decidió procesar a las siguientes personas por los mismos delitos: el exvicecanciller José Bernard Pallais. , el ex presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, José Adán Aguerri; y las exdirigentes de la Unión Nacional Azul y Blanca Violeta Granera Padilla y Daisy Tamara Dávila Rivas, así como el politólogo Manuel Salvador Orozco Ramírez, director del Centro de Migración y Estabilidad Económica en Washington, Estados Unidos.
La policía basó estas detenciones en la denominada Ley de Defensa del Derecho de los Pueblos a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz, comúnmente conocida como la “Ley de la Soberanía”, la cual fue aprobada de emergencia por la Asamblea Nacional con Sandinista. mayoría en diciembre pasado.
Esta controvertida ley, impulsada por el Ejecutivo, califica a las personas de “traidoras a la patria” y las inhabilita para ocupar cargos públicos.
Este artículo fue publicado originalmente en español en Confidencial y traducido por nuestro equipo.
