torture of political prisoners

Se necesita investigación urgente sobre tortura a presos políticos de Ortega

Hoy, 24 de septiembre, se cumplió el mandato otorgado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al régimen de Ortega-Murillo para autorizar una en el sitio de visitar y verificar la condición de ciertos presos políticos en el marco de las medidas provisionales adoptadas por este órgano judicial, expira. Los presos políticos no solo son privados de libertad en violación de las normas internacionales de jus cogens, sino que también se acusa al régimen de tortura. ¿Qué escenarios debemos advertir ante esta situación?

Es importante recordar que incluso antes de que el régimen Ortega-Murillo mostrara presos políticos, estábamos legalmente en presencia de la presunción de desaparición forzada. Pero mostrarlos y lanzar un caso criminal falso ha enfocado el espectro de responsabilidad en la grave negación de la libertad. En cuanto a las acusaciones de tortura, más allá de la retórica, es necesaria una investigación efectiva.

Si bien el régimen Ortega-Murillo ha encarcelado a los líderes de la oposición para desmantelar la lucha cívica por la restauración de la democracia en Nicaragua y desalentar la organización de la oposición en el país, puede ser de su interés autorizar la visita in loco de dos motivos: desviar la atención al proceso electoral del próximo mes de noviembre; y mitigar la responsabilidad internacional en la que ya ha incurrido.

Lo que más preocupa con los resultados electorales es el propio régimen de Ortega-Murillo, ya que será el punto de inflexión de su repudio internacional como autoridad legítima. Quizás solo Nicolás Maduro y Miguel Díaz-Canel lo reconozcan y llamen para felicitarlos. Esto sin duda replanteará la lucha de la oposición y será el turno de los nicaragüenses en el exilio de emprender acciones políticas. Por lo tanto, el régimen Ortega-Murillo, para evitar acciones contra su gobierno, puede utilizar a los presos políticos como distracción.

El retorno a la tortura se puede definir como la acción por la cual un funcionario, o un individuo con el consentimiento de este último, causa un daño físico o psicológico grave a una persona con el fin de obtener información de esta para castigar. La verificación y documentación de la tortura de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos debe basarse en el Protocolo de Estambul y por personal médico y psicólogos especializados.

La tortura se certifica mediante la realización de un examen físico por parte del personal médico, que refleja la lesión física grave y su funcionamiento. Es decir, debe haber una correlación entre la lesión y el historial de la víctima de cómo y cuándo ocurrió la lesión. En cuanto al aspecto psicológico, aunque el concepto de tortura puede entenderse como daño físico o psicológico, lo cierto es que el Protocolo de Estambul en su capítulo V indica “signos psicológicos de tortura”.

En otras palabras, se establece una relación causal entre la lesión física o el ambiente de tortura (condiciones ambientales destinadas a restringir la voluntad de la persona como castigo u obtener información) que puede reflejar un daño psicológico grave: los siguientes: evitación y planitud; hiperexcitación; baja autoestima y sentido del futuro; disociación y despersonalización; Quejas somáticas; disfunciones sexuales; psicosis, daño neuropsicológico; depresión severa; y trastorno duradero de la personalidad, entre otros. Más que tortura psicológica, existe un daño psicológico grave como resultado de la tortura o de ser sometido a un ambiente de tortura.

Ante la denuncia de que los presos políticos son sometidos a actos de tortura, se mantiene la obligación internacional del Estado de investigar los hechos. Pero recordemos que la justicia y el Ministerio Público se han cedido a los intereses del régimen Ortega-Murillo, por lo que no se puede invocar una investigación imparcial por su parte. No obstante lo anterior, el Protocolo de Estambul ofrece la alternativa de crear una Comisión ad hoc integrada por personas imparciales, competentes e independientes en estas condiciones, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 82.

En el caso de que el régimen Ortega-Murillo no autorice la visita in situ, no cree una comisión ad hoc y no permita una investigación exhaustiva, imparcial e independiente de las denuncias de tortura de presos políticos, el propio Protocolo de Estambul establece una presunción legal de tortura. Incluso dando lugar a una indemnización por denegar el derecho a un recurso efectivo y no realizar una investigación exhaustiva y efectiva de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 38.

Con la información pública disponible sobre las condiciones de los presos políticos y en ausencia de informes médicos y psicológicos completos, imparciales e independientes, no podemos afirmar de manera concluyente la existencia de tortura. Pero, si no se autoriza una visita in situ, la Corte Interamericana de Derechos Humanos puede establecer la presunción legal de que existe tortura, al denegar un recurso efectivo para que los casos sean investigados a fondo, con imparcialidad e independencia de acuerdo con el Protocolo de Estambul. .

* Maestría en derechos humanos

Este artículo fue publicado originalmente en español en Confidencial y traducido por Havana Times.

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