Tras la derrota política de Ortega el 7 de noviembre
El levantamiento cívico de abril de 2018 marcó un antes y un después en Nicaragua. La explosión social que movilizó durante más de tres meses a cientos de miles de personas en marchas, barricadas y paros, exigiendo libertad, democracia y elecciones anticipadas, provocó una crisis política irreversible en la dictadura de la familia Ortega Murillo. El régimen autoritario, que no estaba diseñado para gobernar con la oposición, respondió con una violencia represiva inusual, y de la protesta surgió una nueva mayoría política prodemocrática que se mantiene inalterada hasta el día de hoy, aunque no falló en lograr sus objetivos iniciales. de democratización y justicia. . . .
Las últimas encuestas realizadas por CID Gallup en septiembre y octubre revelan que una mayoría del 65% de la población votaría el 7 de noviembre por una fórmula de candidato opositor si no estuviera en prisión, frente al 17% que apoya abiertamente a Ortega; y el mismo 65% pide la liberación de los presos de conciencia y la cancelación de los juicios políticos. El techo político de esta mayoría blanquiazul se extiende al 76% de los nicaragüenses que consideran que, bajo la dictadura de Ortega, el país va en «mal rumbo», y el 78% dice que la reelección de Ortega, sin competencia política y al excluir a la oposición, no ganará legitimidad nacional e internacional.
La consolidación de esta mayoría política enterró el proyecto de instaurar una dictadura dinástica mediante la sucesión en el poder de Daniel Ortega a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, como estaba previsto antes de abril, para el 2021. Después de la masacre y la ‘Operación Limpieza’ en 2018, Ortega impuso un estado policial de hierro, violando todas las libertades democráticas. Sin embargo, a pesar del control político absoluto del sistema electoral, no se atrevió a arriesgarse a poner el poder en juego en unas elecciones libres y competitivas. Entre junio y agosto de este año, el candidato reelecto y jefe supremo de la policía eliminó la competencia electoral al encarcelar a siete candidatos de la oposición y más de 30 líderes políticos y cívicos –activistas, campesinos, estudiantes, políticos, empresarios, periodistas y defensores de derechos humanos– representando a todo el espectro político nacional, y despojados de su personería jurídica a los dos únicos partidos políticos de oposición. De esta forma, Ortega perdió dos veces las elecciones del 7 de noviembre: primero, en las protestas cívicas de 2018, cuando cometió crímenes de lesa humanidad para sofocar la rebelión de abril, y ahora en 2021, ante el desafío de un liderazgo unificado de la oposición. . en las urnas, cuando se vio obligado a cancelar el proceso electoral.
Contra la marea de esta doble derrota política, el líder del FSLN será reelegido este domingo sin competencia, entrando en su cuarto mandato consecutivo de gobierno en el contexto de su más grave crisis de legitimidad política nacional e internacional. La de Ortega y Murillo dejará de ser considerada como un régimen híbrido, una democracia imperfecta o un autoritarismo competitivo, para caracterizarse como una dictadura seca, con las consecuencias políticas y económicas derivadas de su aislamiento internacional, y la ruptura de las alianzas nacionales. lo que le permitió gobernar con estabilidad entre 2007 y 2017.
Ciertamente, Ortega puede prolongar la agonía del régimen aferrándose al poder con la Policía, los paramilitares y la complicidad del Ejército, y fortalecer sus alianzas con Cuba, Venezuela, Rusia, Taiwán, Irán y Estados Unidos. Bielorrusia, pero en un costo económico, social y humano cada vez más intolerable para la sociedad nicaragüense. Mientras tanto, el país oscilará entre la incertidumbre de atravesar un impasse, con la profundización de la crisis social que se traduce en una mayor migración hacia el norte y el sur, y la expectativa de que solo la máxima presión política. Nacional e internacional, el equilibrio de poder se pueda cambiar. para allanar el camino para nuevas elecciones libres.
El primer paso, a partir del 8 de noviembre, es enfrentar la crisis de 150 presos políticos que la dictadura intentó invisibilizar y que nunca ha podido romper políticamente con la prisión y la tortura. Para Ortega, son rehenes y moneda de cambio en una posible negociación. Para el movimiento prodemocracia, representan un símbolo de resistencia y esperanza de un liderazgo de cambio. Por lo tanto, la exigencia de la liberación de los presos de conciencia debe ser mucho más que una bandera diaria sostenida por sus familiares, para convertirse en la principal estrategia política nacional e internacional para debilitar al estado policial. La presión para cambiar el equilibrio de poder comienza con la liberación de los presos políticos y la cancelación de juicios simulados, con el fin de preservar todos sus derechos políticos.
La oposición política liderada por la represión inició su proceso de reorganización en el exilio, sin proclamarse portavoz de un gobierno provisional ilusorio ni de los dirigentes encarcelados, sino solo como facilitadora de un proceso de unidad nacional, que requiere diálogo, capacidad de diálogo con la comunidad internacional, y sobre todo para reconstruir las bases de la resistencia ciudadana en el país. En un momento en el que no existen condiciones para la lucha electoral, la oposición enfrenta el desafío de reactivar las redes de resistencia ciudadana, y de conectarse con las demandas de la población ante el creciente costo de la campaña. empobrece a las grandes empresas. las mayorías y estratos medios, incluidos los funcionarios públicos, que también son rehenes del régimen.
Con un obispo y varios sacerdotes en el exilio y cinco líderes empresariales en prisión, Ortega fracasó en su intento de someter a la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica y reconstruir su alianza corporativa con las grandes empresas. La Iglesia es la institución más creíble del país y seguirá ejerciendo un poderoso liderazgo moral en la defensa de los derechos humanos y las demandas de justicia. Los líderes empresariales del sector privado, en cambio, a pesar de su peso dominante en la economía nacional, guardan silencio por temor a las represalias del régimen y han renunciado a ejercer un rol cívico, aunque no le han otorgado legitimidad política en Ortega. en su deriva totalitaria.
En un parón de tres años consecutivos de recesión, mientras la economía se beneficia del dinamismo de la demanda externa, en los próximos meses es previsible una negociación entre grandes empresas y asociaciones económicas con el gobierno en aras de mitigar la ‘extorsión de políticas económicas, pero es poco probable que intenten revivir un modelo fallido, respaldando políticamente a la dictadura en el anunciado diálogo nacional. Por el contrario, ante la inminente revisión y posible suspensión de Nicaragua en el DR-Cafta provocada por Ortega y la ruptura del orden democrático, más se debe alentar a la gestión de las empresas a recuperar su autonomía, a ejercer presiones y límites institucionales a la dictadura, para ayudar a encontrar una solución democrática que traiga una solución duradera a la crisis económica.
La comunidad internacional, encabezada por la mayoría de países de la OEA y de la Unión Europea, ya se pronunció sobre la farsa electoral del 7 de noviembre, anticipando que los resultados de la votación no califican para una elección democrática. El desconocimiento del régimen de Ortega no equivale a una ruptura diplomática o su expulsión de la OEA, sino a formas más efectivas de presión política y económica, como la ley Renacer aprobada esta semana en el Congreso de Estados Unidos, para debilitar el poder de Ortega. reprimir sin consecuencias. Sin embargo, la única salida a la crisis política del régimen es Managua, no Washington o Bruselas. Y, por tanto, la presión diplomática debe centrarse en cómo incidir en la restitución de las libertades democráticas en Nicaragua. El régimen de Ortega puede aguantar sanciones internacionales, individuales o institucionales por un tiempo, pero no puede gobernar ni un solo día sin perder el control del poder, si se suspende el estado policial.
La derrota política de Ortega el 7 de noviembre será siempre incompleta, siempre que no genere una mayor presión nacional e internacional para recuperar la libertad de reunión, movilización, prensa y expresión, y el derecho a elegir y ser elegido en Nicaragua. A partir de ese momento, la oposición democrática que hoy se encuentra en prisión y en el exilio, se convertirá en una alternativa de poder para negociar, con o sin Ortega y Murillo, las reglas de la transición democrática.