Urge cerrar el camino a la corrupción vial – Prensa Libre
La improvisación está en el origen de tantos sobrecostes en la administración pública, la construcción de infraestructuras y el seguimiento de la calidad de las obras, porque con cada nueva gestión que llega, ya sea en el Palacio Nacional o en el municipal 340, Se abre un círculo de prueba y error, borrón y cuenta nueva, el seguimiento en la inercia y el inicio de nuevos proyectos que no se rigen por una agenda estatal y mucho menos por un consenso serio sobre los grandes temas nacionales determinantes para fortalecer la competitividad y la transparencia.
Son abundantes y crudos ejemplos de este descontrol, en los que también intervienen intereses especiales, excesiva codicia y mecenazgo político que están lejos de tener un mínimo de empatía con la población, salvo los discursos demagógicos. No se trata de una cuestión ideológica, porque de un lado o del otro del espectro del partido, se han dado casos de proyectos que se llevan a cabo sobre la marcha, con materiales defectuosos o sin especificaciones técnicas, por nombrar solo algunas condiciones que solo han dos explicaciones: incapacidad o intención. . La primera no es una circunstancia atenuante y la segunda casi siempre resulta en grandes excesos bajo la protección de la impunidad.
Uno de los casos recientes de pésima planificación de obras urgentes es la construcción de un viaducto de retorno en la Carretera Interamericana en San Lucas Sacatepéquez. Si bien el proyecto se desarrolló en 2017, es solo este año que comenzarán los trabajos. Los desvíos inadecuados planeados fueron una especie de metáfora de las fallas de diseño del proyecto, que finalmente quedó en suspenso.
Pese a la suspensión, se efectuó un anticipo de más de Q3 millones, el cual no es contabilizado por la empresa contratante ni por el propio Ministerio de Comunicaciones. Cabe señalar que fue la presión pública, debido a los cierres de carreteras disfuncionales, lo que dio la alarma sobre este proyecto fallido, cuya ubicación en sí generó dudas. A la fecha no sabemos cuándo se reanudará ni dónde, lo que es una prueba más de lo que se indica al inicio de este texto: la improvisación solo contribuye al despilfarro y después de los fiascos no, ya nadie se hace responsable. Hasta la fecha, no existe una sola denuncia para poder recuperar el dinero o señalar a los responsables del fallo.
No es que no existan parámetros confiables o que no haya capacidad profesional en Guatemala; por el contrario, existen ingenieros y firmas íntegras con capacidad de ejecución y responsabilidad por la calidad de los tramos viales. Por eso también existe un manual, llamado Libro Azul, con especificaciones para la construcción de carreteras y puentes. El problema surge en arreglos oscuros, comisiones ilícitas de talachas y asignaciones de dedos para empresas de amigos o familiares de parlamentarios, e incluso funcionarios en activo, que luego afirman no tener relación con ellos porque ‘los habrían vendido a parientes consanguíneos’.
Es por ello que la discusión y aprobación de una ley de infraestructura vial que permite la concesión de obras al cuidado de quienes las construyen provoca tanta alergia en los funcionarios, opción que obliga al albacea a desarrollar adecuadamente un apartado, que informa el regalías al Estado y asegura un tránsito digno para todos. Pero no les interesa porque eso cerraría la puerta al grifo de los millones mal habidos aunque disfrazados de decentes.