Urge el diálogo público y de alto nivel – Prensa Libre
La confianza es un factor esencial en cualquier diálogo serio y constructivo. Esta confianza se construye sobre el respeto entre interlocutores, el respeto a los compromisos y, sobre todo, la ausencia de cualquier tipo de chantaje, presión o condicionamiento previo, entendiéndose que nadie conseguirá todo lo que quiera, sino que se beneficiará de gran parte de la demanda. . Es fundamental el papel del mediador, cuya imparcialidad debe ser indiscutible y su autonomía de propuesta debe ser reconocida por las partes en conflicto. Si bien la llamada Comisión de Diálogo Presidencial existe dentro del gobierno, su efectividad está limitada por su propia ubicación en el organigrama estatal. En todo caso, es una delegación del Poder Ejecutivo la que puede buscar un acuerdo auténtico o un arreglo a conveniencia gubernamental según la situación.
La credibilidad del Ejecutivo es débil, por posiciones intransigentes y acciones previas en situaciones controvertidas; Por ejemplo, cuando médicos de varios hospitales han salido reiteradamente a pedir medicamentos y sus pedidos no han recibido una respuesta concreta, o cuando los ciudadanos han salido pacíficamente a manifestarse el 21 de noviembre, contra el déficit presupuestario, y fueron reprimidos por la Nacional. Policía Civil, que persiguió -sin poder capturar- a los vándalos que incendiaron el Congreso.
En el caso de los cortes de ruta y enfrentamientos en el municipio de El Estor, Izabal, que dieron lugar a la declaración del estado de sitio, aún no están claras las verdaderas prioridades y motivaciones del Ejecutivo, ya que se trata de una concesión minera que está suspendida. Hay un grupo de vecinos que no está de acuerdo con el funcionamiento de dicha mina, pero toda la población de la zona está a las puertas de una consulta comunitaria y su voto será decisivo. En cualquier caso, el descontento de un sector debería haberse hecho visible o abordado en la medida de lo posible.
La Comisión de Diálogo Presidencial informa a través de las redes sociales sobre reuniones con miembros de la comunidad y otros actores en el proceso de consulta, pero recientemente no hay información sobre las dificultades, objeciones o incluso la interferencia en el proceso. Esto podría haber reducido el desgaste, ahora inevitable para la administración gubernamental, que suspendió las garantías constitucionales en la zona de conflicto, un paso que no resolverá la controversia y podría obstaculizar el referéndum o empañar su credibilidad. El gobierno debe hacer públicos los esfuerzos documentados para el diálogo, la comunicación y la difusión de información relevante sobre el proceso de consulta y la actividad minera, tanto en español como en las lenguas mayas predominantes en la región, en particular el k’ekchi ”.
Finalmente, el estado de sitio es una medida legal en un régimen democrático. Permite una cierta limitación de derechos, para restablecer el orden, pero no constituye una carta blanca a la represión o al exceso.
La aprobación del Congreso de la República fue solo un procedimiento pactado. Cuando el presidente declara este tipo de excepción, se responsabiliza de lo que hacen en ella todos sus subordinados. La vida de los habitantes de la región afectada por la medida está bajo su protección directa, incluida la de quienes han manifestado desacuerdos, los cuales deben ser resueltos con una visión de largo plazo y sin el espectro de ningún conflicto de intereses.