La Unión Europea amplía las sanciones contra el régimen por un año
La Unión Europea (UE) prorrogó el lunes 11 de octubre por un año más las sanciones impuestas a personalidades y empresas vinculadas al régimen de Daniel Ortega, considerándolas vinculadas al deterioro de la situación política y social en el país.
El Consejo de la UE -institución en la que están representados los gobiernos de los 27 países miembros- dijo en un comunicado que ha ampliado el marco legal en el que se basan estas sanciones hasta el 15 de octubre de 2022.
Este régimen de sanciones fue impuesto por la UE en octubre de 2019 contra personas y entidades «responsables de violaciones o abusos de los derechos humanos o de la represión de la sociedad civil y la oposición democrática en Nicaragua», así como contra quienes llevan a cabo «políticas o actividades que socavan la democracia y el estado de derecho ”.
Actualmente, las sanciones de la UE que se aplican a 14 altos funcionarios están diseñadas «para no dañar a la población civil ni a la economía del país», subrayó el Consejo.
La UE y algunos países europeos han sancionado a familiares y amigos de Ortega, entre ellos su esposa, el vicepresidente Murillo, y varios de sus hijos, acusados de violar los derechos humanos y la democracia.
A estas personas se les han congelado sus activos y no pueden acceder a fondos en la UE y no pueden viajar al territorio de la UE.
Detener la represión
La UE reafirmó que la vuelta al diálogo inclusivo y la democracia en Nicaragua «es la única salida a la crisis política, económica y social» que atraviesa este país centroamericano.
Por ello, ha solicitado que las autoridades nicaragüenses pongan fin a la represión de los oponentes políticos, los medios independientes, la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos, y que garantice plenamente el respeto de las libertades fundamentales y los derechos civiles y políticos en el pais.
En cambio, señaló que el gobierno de Nicaragua ha «acelerado la represión, proscribiendo a los partidos de oposición y organizaciones de la sociedad civil y encarcelando a opositores políticos, académicos, periodistas y ciudadanos sin el debido proceso».
Para la UE, al hacerlo, el gobierno del presidente Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo «eliminó la posibilidad de cualquier competencia electoral seria» en las elecciones legislativas del 7 de noviembre «, privando a los ciudadanos de Nicaragua de sus derechos soberanos. elegir a sus representantes ”.
La UE también reafirmó su «compromiso de apoyar al pueblo nicaragüense», en particular ayudando a fortalecer el estado de derecho y apoyando el desarrollo económico y social de los más vulnerables.
Nicaragua, un país de 6,5 millones de habitantes, atraviesa una crisis sociopolítica desde abril de 2018.
La UE y algunos países europeos han sancionado a familiares y amigos de Ortega, entre ellos su esposa, el vicepresidente Murillo, y varios de sus hijos, acusados de violar los derechos humanos y la democracia.