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Poder electoral se suma a demandas por el retiro de Nicaragua de la OEA

El Consejo Supremo Electoral (CSE) -controlado por los operadores del Frente Sandinista- publicó este jueves un acuerdo en el que se suma a los poderes legislativo y judicial para pedirle al presidente Daniel Ortega que inicie el proceso de salida de Nicaragua de la Organización de Estados Americanos ( OEA).

De esta manera, todos los poderes del Estado, completamente subordinados a la dictadura, se han pronunciado para exigir el retiro de Nicaragua del organismo regional, por lo que solo le queda a Ortega, como titular del Poder Ejecutivo, pronunciarse e iniciar la proceso, denunciando la Carta de la OEA.

Esta armonía de poderes estatales ha sido descrita por analistas como una estrategia de dieta para fabricar un llamado consenso del país en torno a la salida del organismo regional.

El acuerdo del CSE es prácticamente una copia de las declaraciones emitidas, primero por el Legislativo, luego por la Corte Suprema de Justicia (SCJ), en las que se acusa a la OEA de «atentar contra la soberanía y autodeterminación de Nicaragua» por las condenas realizadas por los países miembros del organismo regional por violencia política, destrucción del sistema democrático y violación de los derechos humanos por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

El acuerdo, firmado por todos Operadores de Ortega que presiden el Poder Electoral, subraya que apoyan y adhieren a la resolución del Poder Legislativo, por lo que «condenamos la actitud obsesiva e injerencia de la OEA, que busca constantemente socavar nuestra condición de Estado soberano e independiente, por lo que rechazamos todas estas acciones de injerencias que violan el derecho de nuestro pueblo a la autodeterminación ”.

Finalmente, en su cuarto punto, solicitan a Ortega que denuncie este instrumento en virtud del artículo 143 de la Carta de la OEA y de paso al proceso de dejar el cuerpo.

De acuerdo con el artículo 143 de la Carta de la OEA, puede ser denunciado por cualquier Estado Miembro, mediante comunicación escrita a la Secretaría General, la cual comunicará en cada caso a los demás la notificación de denuncia que reciba.

“Transcurridos dos años desde la fecha en que la Secretaría General haya recibido la notificación de denuncia, esta Carta dejará de tener efecto respecto del Estado denunciante, y este último se separará de la Organización luego de haber cumplido con las obligaciones emanadas de esta. carta ”, añade.

La resolución de la Asamblea Nacional fue aprobada por 83 votos de diputados y colaboradores de la dictadura. En el caso de la certificación del Poder Judicial, fue firmada por todos los magistrados, a excepción del magistrado Virgilio Gurdián, por causas desconocidas hasta la fecha.

La condena de la OEA a la farsa electoral

El 12 de noviembre, el régimen de Ortega sufrió una derrota política en la Asamblea General de Cancilleres de la OEA, cuando 25 países aprobó la resolución declarando «sin legitimidad democrática» la votación, en la que el líder sandinista fue reelegido por tercera vez consecutiva, sin competencia política y sin garantías democráticas.

Los Cancilleres de la OEA fijaron el 30 de noviembre como fecha límite para que el Consejo Permanente realice un «diagnóstico colectivo» de la situación del país, «de acuerdo con la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana», y que «tome las medidas oportunas». medidas «acciones», que pondrían al régimen de Ortega frente a una posible suspensión de la organización.

Además, esta semana la dieta se ha visto muy afectada por una serie de sanciones contra sus principales funcionarios y varios de sus principales operadores políticos de Estados Unidos, Canadá y Reino Unido.

Además, el martes, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, emitió una orden ejecutiva suspendiendo y restringe el ingreso de Daniel Ortega, Rosario Murillo y cualquier funcionario de su régimen a América del Norte, incluidos cónyuges, hijos e hijas, como parte de los esfuerzos de cabildeo de ese país para restaurar la democracia y las libertades civiles en Nicaragua.

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