Polonia y Nicaragua, amenazas a la democracia
Es muy posible que la ex canciller alemana Angela Merkel, última participante en la cumbre de la Unión Europea, se marchara con una gran preocupación: la crisis con Polonia, que amenaza los cimientos mismos del gran proyecto europeo. Desde el 7 de octubre, cuando el partido de extrema derecha Ley y Justicia decidió en Varsovia que la ley de la Unión Europea y las decisiones de su máxima jurisdicción no prevalecen sobre la ley polaca, una espiral de peligro. Polonia ha rechazado así el principio rector de la UE, que es reconocer la primacía del derecho europeo, que permite el correcto funcionamiento del mercado interior y la cooperación judicial transfronteriza.
Todo se precipitó cuando el gobierno del primer ministro Mateusz Morawiecki insistió en mantener la llamada Sala Disciplinaria, una especie de tribunal para calificar a los jueces que supuestamente fallaron en sus funciones. Para las autoridades de Bruselas, el mecanismo tiene como objetivo excluir de los tribunales de justicia a todos los magistrados que hayan intentado ejercer la ley con total independencia y hayan decidido aplicar un sistema de sanciones pecuniarias que consiste en una multa de un millón de euros por día, en además de otros recortes de fondos que ya se aplicaron contra las políticas antieuropeas de este gobierno.
Pero lo que está sucediendo en Polonia, pero también en Hungría, es la expresión de un profundo problema político: que la democracia europea ya no despierta el entusiasmo del pasado entre muchos de sus ciudadanos. En varios países, incluida la República Checa, la crisis económica de la última década, junto con la presencia de oleadas de migrantes, ha creado un terreno fértil para el ascenso al poder de los nacionalismos extremos y el neopopulismo ultraconservador. El impacto de las elecciones de octubre de 2018 en Polonia fue un golpe para las fuerzas democráticas europeas: el partido Ley y Justicia regresó al poder con mayoría absoluta, lo que nunca había sucedido en 25 años de democracia polaca.
Así, ha surgido la pugna entre la UE con sus valores democráticos y quienes, utilizando los mecanismos de la democracia, han llegado al poder y desde allí comienzan a socavarlo. Por cierto, esto no solo está sucediendo en Europa. Basta mirar las condiciones en las que el pueblo nicaragüense acudirá a las urnas el 7 de noviembre para ver que el mismo modelo, la ruta por la que pasamos de un gobierno democrático a un gobierno autocrático, también se expresa por estos lados. Ante la hoja de ruta de Polonia y otros países del viejo continente, la UE considera necesario reaccionar y aplicar severas medidas de contención. Algo que no pasa en Latinoamérica.
En noviembre de 2020, las instituciones de la UE acordaron crear un mecanismo para suspender los fondos de la UE a países donde el estado de derecho es violado o amenazado. Esto nunca había sucedido antes pero, dadas las evidentes tendencias antidemocráticas observadas en varios de los países miembros, se acordó esta sanción financiera multimillonaria para frenar tales desviaciones. Este entró en vigencia con el marco presupuestario 2021-2027 y, como se indicó en su momento, “el acuerdo amplía la definición del concepto de estado de derecho a temas como el pluralismo político, la libertad de prensa o el respeto a las libertades. en general. «Este es el mecanismo que ahora se ha puesto en marcha. ¿Funcionará para contener la tendencia de ultraderecha en Varsovia o conducirá a la salida de Polonia de la Unión Europea? ¿Y si ocurre un Poloniexit, como algunos llaman el posible salida, que recuerda a la salida del Reino Unido, tendrá otros como Hungría o la República Checa sigue? no se sabe, pero está claro que la Unión Europea ha decidido actuar enérgicamente para defender su proyecto para la libertad y la integración democrática.
Esta posición firme es lo que no vemos en este momento crucial en América Latina. Han pasado veinte años desde la Carta Democrática Interamericana, un texto de consenso firmado por todos los presidentes y primeros ministros de la época. El compromiso establecido en esta Carta fue claro: un contenido democrático definido, para ser respetado por todos; posibilidad de cuestionar cada vez que un país se desvíe de estos principios; medidas preventivas para evitar la caída de gobiernos elegidos democráticamente; y acciones frente a gobiernos elegidos democráticamente, pero convertidos en regímenes autoritarios.
Aunque parezca difícil de decir, este 7 de noviembre en Nicaragua se violará el contenido de esta Carta a los ojos de todos los países del continente. Elecciones sin garantías, donde Daniel Ortega busca su tercera reelección y su quinto mandato presidencial en un contexto de crisis política, con más de 37 líderes opositores detenidos o descalificados. Un hecho que hablará de fracasos y desventajas, que se da a la sombra de una pregunta: ¿qué pasó para que este consenso sobre la democracia y el futuro plasmado en la Carta Democrática Interamericana se convierta en un texto sin mayor valor?
La OEA no funciona; otros mecanismos regionales están fragmentados; los presidentes ya no tienen un diálogo real. Hay declaraciones, pero Ortega las ignora. No hay una actitud política como la que actualmente ejerce la UE, que es igualmente urgente en estas latitudes. El silencio y la inacción de nuestros líderes es inaceptable. Frente a la antidemocracia, debemos consolidar los mecanismos de rechazo, actuar con energía y protegernos de quienes cruzan la puerta de la democracia y luego la destruyen. Una carta democrática violada impunemente no cumple con el propósito para el que fue establecida: castigar a quienes violen las reglas de la democracia. Eso es lo que está pasando en Nicaragua.
Respetar la Carta Democrática Interamericana y cuidar la democracia es responsabilidad de todos.
* Expresidente de Chile
** Artículo publicado originalmente el El tercero de Chile.