Urbanización, la gran apuesta del país – Prensa Libre
Como parte de las acciones del Gobierno de la República encaminadas a adquirir un instrumento de política pública que promueva una mayor productividad y crecimiento económico, el Programa Nacional de Competitividad (Pronacom) da seguimiento a la Política Nacional de Competitividad 2018-2032. Este esfuerzo, que ha sido reforzado por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), mediante el apoyo a la elaboración de los distintos Planes de Desarrollo Municipal y Ordenamiento Territorial que se requieran, es un claro mecanismo de apoyo a este esfuerzo y a la programa de desarrollo urbano del país.
Recuerde que Guatemala es uno de los países menos urbanizados del continente americano, solo el 54% de nuestra población vive en áreas urbanas. Esto representa un gran desafío para el país hacia el 2041, donde se estima que este porcentaje aumentará a alrededor del 80% con una población total de 21,3 millones de personas. Esto no solo supondrá un gran desafío para el área metropolitana, que concentrará principalmente una gran parte de la población, sino para los denominados pueblos intermedios, conformados por los territorios de Quetzaltenango, Cobán, Huehuetenango, Retalhuleu y Mazatenango, Zacapa. y Chiquimula, Escuintla, Puerto Barrios, Antigua Guatemala y Flores en Petén.
Las ciudades intermedias son hoy un objetivo claro de la agenda de desarrollo urbano del país, en la que diferentes sectores tienen la gran oportunidad de trabajar por el empoderamiento de los equipos técnicos de alcaldes en diferentes espacios.
Esta oportunidad para que el sector privado continúe apoyando los esfuerzos locales para generar un mayor desarrollo urbano no solo tiene un impacto directo en el aumento de las inversiones, sino que también genera un trabajo participativo y colectivo que contribuye a incrementar la capacidad técnica de los equipos de municipios, aunado a una pluralidad de esfuerzo de los actores de la sociedad civil para apoyar inversiones conjuntas.
Los procesos de inversión en las ciudades son dinámicos y necesitan un impulso que tenga en cuenta las necesidades de desarrollo a nivel de planificación de cada ciudad intermedia, infraestructura estratégica para la movilidad, vivienda, transporte, infraestructuras hidráulicas, corredores económicos y carteras de proyectos específicos. Asimismo, es necesario pensar en mecanismos claros para atraer inversión extranjera, fortalecer el capital humano y mejorar la seguridad jurídica.
Además, como se ha visto bien en el área metropolitana, se necesita un fuerte compromiso público-privado para acelerar las conversaciones entre alcaldes, sus equipos técnicos, empresas y organizaciones de la sociedad civil.
Según estimaciones de Fundesa, se calcula que para convertir estos nueve territorios en ciudades intermedias que promuevan la atracción de inversiones y empleos dignos, es necesario un proceso de urbanización que involucre la prestación de servicios básicos como agua, saneamiento, electrificación. y vivienda con una inversión aproximada de US $ 2.800 millones en un período de 15 años. A esto se suma una inversión de US $ 1.500 millones en salud, educación, seguridad y justicia, infraestructura y una inversión de US $ 200 millones en servicios. Esto no será posible si no buscamos mecanismos más innovadores como los que presenta la ley general de infraestructura vial o las reformas a la ley de alianzas para el desarrollo de la infraestructura económica.