Quince senadores estadounidenses piden sanciones contra Daniel Ortega

Los senadores estadounidenses instan a la secretaria de Estado a que ejerza más presión sobre el régimen de Ortega y, tal como lo ha hecho la Unión Europea, que ha sancionado a la vicepresidenta Rosario Murillo, también aplique una sanción individual contra el dictador nicaragüense.

En una carta al secretario de Estado Anthony Blinken, el senador Bob Menéndez, junto con otros 14 senadores republicanos y demócratas, pidió al gobierno de Biden que preste más atención a lo que está sucediendo en Nicaragua y aumente la presión para evitar un mayor deterioro de la democracia en Nicaragua. el país.

«La comunidad internacional debe tomar medidas urgentes para detener una de las represiones más severas en el hemisferio occidental desde las dictaduras militares de la década de 1980», dice parte de la carta.

Los miembros del Congreso se refieren a la escalada más reciente en la represión que ha emprendido el régimen desde mayo de 2021, cuando lanzó una cacería de opositores contra candidatos presidenciales, líderes opositores, miembros del sector privado y periodistas que se oponen o critican al régimen de Ortega y a su esposa. Rosario Murillo.

En mayo, la Fiscalía inició una «investigación» contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro por delitos de lavado de activos, que se extendió a otras organizaciones como la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES).

Dos ex trabajadores de la Fundación Violeta fueron detenidos a fines de mayo ya principios de junio se inició la búsqueda de candidatos presidenciales con la detención de Cristiana Chamorro, exdirectora de la misma organización no gubernamental.

Pocos días después, el régimen también encarceló a los candidatos presidenciales Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena y otros políticos y opositores hasta que cualquier competencia electoral aplastara a la oposición política y electoral a Ortega, que se postula para su cuarta elección presidencial consecutiva. reelección, en una papeleta donde solo hay lugar para los partidos pequeños que deseen colaborar con el partido en el poder.

A la fecha, 37 nicaragüenses permanecen detenidos en esta nueva ola de represión y persecución política, lo que eleva el número de presos políticos del régimen a más de 150.

La administración de Biden tiene herramientas poderosas, incluido el 2018 Ley de Condicionalidad de Inversiones de Nicaragua (NICA), y las medidas definidas en el Fortalecer la adhesión de Nicaragua a las condiciones de la Ley de Reforma Electoral (RENACER), que fue aprobada por el Senado el 6 de agosto. La plena implementación de la Ley NICA Enviará un mensaje claro al régimen de Ortega: la represión continua es inaceptable. Mientras evalúa las opciones, lo alentamos a extender las sanciones al presidente Daniel Ortega ya las filas del ejército nicaragüense y su fondo de inversión, el Instituto de Previsión Social Militar (IPSM) ”, continúa el documento.

Condiciones de financiación

Además, los senadores recomiendan que los préstamos otorgados por organismos multilaterales sean condicionales y alegan que solo sirven para beneficiar a miembros del régimen y no brindan ningún tipo de asistencia a la población nicaragüense de manera directa.

Esta es la segunda vez en una semana que los políticos estadounidenses han pedido a las organizaciones financieras que dejen de proporcionar fondos al régimen de Ortega. El 24 de septiembre, el congresista Albio Sires, envió una carta a la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, alegando que el dinero no se está utilizando para combatir la pandemia, por ejemplo.

Ahora, los senadores también quieren impulsar aún más las consecuencias para el régimen y pedir nuevamente que el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana se aplique en Nicaragua dentro de la Organización de Estados Americanos.

“El régimen de Ortega se nutre de la falta de una coordinación multilateral eficaz. Le pedimos que fomente una revisión y condena internacional apoyada por el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, y los organismos pertinentes de la ONU. A menos que los candidatos presidenciales de la oposición sean liberados de la detención, sus partidos vuelvan a registrarse y se les permita de manera conjunta nominar a un candidato presidencial de la oposición para que se presente en las elecciones de noviembre, Estados Unidos debe reunir a sus socios en la Organización de Estados Americanos (OEA). ) para apoyar una resolución condenando el voto por ilegítimo y considerar invocar el artículo 21 o la Carta Interamericana para suspender a Nicaragua de la OEA ”, agregaron los senadores.

Explican que con todas estas medidas, Ortega no tendría más remedio que permitir el cambio democrático en el país. Pero, si eso no sucede, dicen, se debe realizar una revisión del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-CAFTA).

Esta semana, el canciller nicaragüense, Denis Moncada Colindres, aprovechó su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), en representación del régimen de Ortega, para calificar las sanciones contra operadores gubernamentales como «obstáculo salvaje para la erradicación de la pobreza» y crimen de lesa humanidad. , mientras guardaba silencio sobre las violaciones de derechos humanos.

Moncada utilizó su discurso de 24 minutos para exigir el “fin inmediato” de las “políticas coercitivas y agresivas” contra otras naciones, en clara alusión a las sanciones impuestas a funcionarios e instituciones del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Insistí en el hecho de que «en un período de la pandemia Covid-19, estas medidas se convierten en un crimen de lesa humanidad por parte de quienes las imponen».

Se han aplicado sanciones por parte de la comunidad internacional de forma individual contra quienes creen que son responsables de graves violaciones de derechos humanos contra los nicaragüenses. Estas medidas incluyen congelar activos, prohibir transacciones, denegar o revocar visas y sanciones financieras.

Au total, il y a 31 responsables et opérateurs du régime sanctionnés par les États-Unis, et plus d’une demi-douzaine d’entre eux sont également sanctionnés par l’Union européenne et les gouvernements du Canada, de la Suisse et du Reino Unido.

Este artículo fue publicado originalmente en español en Confidencial y traducido por Havana Times.