Votar para no elegir: elecciones en Nicaragua
Habrá «elecciones» en Nicaragua el domingo 7 de noviembre. Comillas porque no se aplica «elegir» en el sentido estricto del término. Daniel Ortega y su esposa volverán a ser candidatos, con más de una decena de rivales presos, exiliados, obligados a dimitir o inhabilitados, además de un candidato a vicepresidente y decenas de líderes políticos y sociales independientes. Sin campaña electoral, con partidos de oposición descalificados por el Tribunal Electoral y sin observación internacional, no hay siquiera una apariencia de integridad en dicho proceso.
Con lo que no habrá competencia electoral, vota pero no elige. Es el resultado de una ofensiva represiva acompañada de trucos legales. La denominada «Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz» de diciembre de 2020 impide que los candidatos al «golpe» se presenten a las elecciones, siendo considerados como tales quienes participaron en la Protestas de 2018.
El propio lenguaje de la norma jurídica es una especie de confesión del partido. Codifica la disidencia como «traición», un crimen que rara vez se usa para civiles en un régimen democrático. También en diciembre pasado, el gobierno confiscó los activos de ONG y medios críticos. La figura del decomiso no existe en la Constitución del país.
En definitiva, al cooptar los poderes judicial y legislativo, neutralizar a la oposición y silenciar las voces críticas, Ortega-Murillo llevó a cabo un golpe de Estado en la mejor tradición fujimorista. Por cierto, la Carta Democrática llama a estas acciones respectivamente alteración y ruptura del orden democrático.
Esta práctica realmente no ha comenzado este año. Ya en 2011, Ortega volvió a postularse -finalmente reelegido- en violación de la Constitución gracias a una decisión de la Corte Suprema. El más alto tribunal viola la ley suprema del estado para satisfacer las ambiciones despóticas del jefe ejecutivo. Así, se ha eliminado la regla de alternancia, por diseño y no por accidente.
La pregunta para este 2021 era hasta dónde podía llegar el matrimonio en el poder en el intento de consolidar la autocracia a través de la simulación electoral. Así, a lo largo de este año ha habido voces de preocupación, advertencia, condena y finalmente repudio por parte de la comunidad internacional; gobiernos, ONG y organizaciones multilaterales.
En junio, el Consejo Permanente de la OEA se pronunció condenando las detenciones, inhabilitaciones e intimidación a la prensa y exigiendo la liberación de los presos políticos. En agosto, la Unión Europea hizo lo mismo y declaró que las elecciones de noviembre no serían libres ni democráticas. El 20 de octubre, el Consejo Permanente de la OEA emitió nuevamente una resolución ratificando la resolución de junio.
A lo largo de este proceso, varias declaraciones y declaraciones de Luis Almagro han ido en la misma dirección. A su vez, la Secretaría de Fortalecimiento de la Democracia de la OEA, encargada de las misiones de observación electoral, dio a conocer un informe en el que destaca el incumplimiento del gobierno de Ortega en la implementación de las reformas electorales acordadas con esta institución. Concluyó que no existen condiciones en el país para organizar elecciones libres, justas y transparentes.
Esa misma semana se publicó un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hay 68 páginas en las que se documenta el debilitamiento del estado de derecho y el grave deterioro de los derechos humanos. Describe a Nicaragua como un “estado policial” en el que el gobierno ha implementado un régimen de represión de las libertades civiles.
Es el marco institucional que sustenta al “partido único” de Ortega-Murillo, que ni siquiera puede calificarse de “sandinista”. Una realidad particularmente dolorosa; esta revolución de la libertad, una utopía de escritores y poetas, estropeada desde dentro. Ver a personajes históricos encarcelados, o viajar por el mundo en el exilio como Sergio Ramírez, nos recuerda a Saturno. Toda revolución devora a sus hijos, pero en el caso de Ortega-Murillo es un fratricidio.
La autocracia pura y simple reina en Nicaragua. Quizás sea el momento de dejar de hablar del deterioro, erosión o debilitamiento de la democracia en el país, terminología que confunde. Asimismo, otros califican a este régimen como “autoritarismo electoral”. El uso de grises analíticos y adjetivos bien puede introducir ambigüedad. Esto es útil para aquellos que buscan hacerlo más digerible.
Entre 1954 y 1989, Stroessner ganó ocho elecciones consecutivas, periódicas y justas que no fueron ni libres ni justas. Era un dictador, punto, no se llamaba autoritarismo electoral. Son muchos los casos en la historia de dictadores que han celebrado elecciones, siempre amañadas, para simular la existencia de oposición y competencia.
En Cuba, también votas. Es útil distinguir un estado de derecho de partido único, por la Constitución como en Cuba, de un régimen de facto como en Nicaragua de Ortega-Murillo. A pesar de la diferencia, el «made in Cuba» se puede leer en el empaque del producto de exportación, tal como se lee en las cajas de los puros Partagás.
* Texto publicado originalmente en Infobae